Periódico Alma Máter

El sistema de salud en Colombia cubre a casi toda la población, pero los problemas estructurales llevan a que haya necesidad de emprender una reforma a fondo del mismo, opinan actores y expertos del sector. Foto: Dirección de Comunicaciones de la UdeA / Alejandra Uribe F.

El sistema de salud del país requiere una reforma sustancial, pero no está claro cómo debe ser;  mientras tanto, la atención a los usuarios se hace bajo normas vigentes desde hace 30 años, actualizadas por sentencias de la Corte Constitucional o por iniciativas del Gobierno o del Legislativo.

Ante la situación que se vive, investigadores de diferentes universidades del país, reunidos desde 2021 en el Seminario Permanente ¿Hacia dónde puede ir la reforma a la salud?, tienen propuestas sobre algunos aspectos que debe incluir la reforma al sistema y lo que se debe hacer desde ya, por parte de los diferentes actores y grupos de interés. Durante tres años han hecho varias deliberaciones académicas orientadas a contribuir al diálogo público en torno a esta reforma y discutir los retos en el sistema de salud.

Una participante del seminario, Claudia Vaca González, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, sostuvo al periódico Alma Mater que «es indispensable, casi inevitable, que se haga una reforma a la salud, vía Congreso de la República, porque los asuntos asociados a las EPS que se dieron antes de que se hundiera el pasado proyecto legislativo ya transformaron el sistema. Además, el Gobierno lo tiene como una prioridad y todos los actores del sector salud también entienden la necesidad de esa reforma».

Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA e integrante del Grupo de Economía de la Salud —GES—, destacó que, para esto, se deben tener en cuenta dos aspectos si realmente se quiere un cambio. «Uno tiene que ver con el proceso: analizar las propuestas que hay, cómo se mueven las distintas fuerzas políticas, y también los grupos económicos y las organizaciones sociales, para buscar un diálogo constructivo que genere consenso y evitar que, como en el pasado reciente, no se logre ningún acuerdo».

El otro aspecto es el contenido: cuáles son las necesidades del sistema y qué elementos debe incluir la iniciativa legislativa para que la reforma realmente responda a las necesidades de los diferentes actores, destacó Restrepo, uno de los profesores de la Alma Máter que participa en el seminario permanente.

«Si bien el contenido seguramente va a reflejar aspiraciones cruzadas por ideologías que se reflejan en el campo político, en todo caso debe resistir el análisis técnico, de su viabilidad, de las posibilidades reales de poner en marcha ese nuevo sistema de salud», enfatizó el investigador de la UdeA.

La viabilidad financiera

La docente Vaca González consideró que una iniciativa que cambie el sistema de salud debe tener muy clara la viabilidad financiera de la misma. «En primer lugar, se debe pensar en cómo se van a pagar los servicios territoriales de atención primaria y, por otro lado, cómo va a operar la gestión del riesgo financiero, lo cual se cruza con la viabilidad de la disposición de recursos», advirtió.

En este sentido, Restrepo recordó que «el problema más grave que tuvo el proyecto que se hundió en la pasada legislatura fue no tener el análisis de viabilidad fiscal. Por eso es necesario saber antes cuánto cuesta y cómo se va a financiar esa reforma».

Respecto a los recursos, la docente de la Universidad Nacional señaló que «la apuesta del Gobierno nacional de territorializar y de poner grupos de atención en zonas apartadas, para llegar a todos los territorios y fortalecer la atención primaria en salud, cambiaría el esquema de la distribución presupuestal en el sector, algo que se debe hacer con una ley que incluya un mecanismo que garantice los recursos para eso o mediante una reforma al sistema general de participaciones», dijo.

Otro aspecto que hace necesaria la reforma es la gobernanza del sistema, destacó Claudia Vaca. «Aquí hay unos problemas muy fuertes en lo que tiene que ver con la orientación sobre las prioridades del sistema y también sobre el papel de los territorios, los planes de salud pública o la participación ciudadana. Por eso, esto debe quedar establecido de forma mucho más clara de lo que está en la normatividad vigente, aunque para ello no se requiere necesariamente de una reforma a la salud».

Los costos de la atención en salud es uno de los temas de debate entre las empresas y gremios del sector, los usuarios y el gobierno. Foto: Dirección de Comunicaciones de la UdeA / Alejandra Uribe F.

Tres propuestas para el momento

En marzo pasado, en uno de los encuentros del seminario —donde participan profesores de las universidades de Antioquia, Javeriana, Los Andes y Nacional de Colombia— se propuso al Gobierno, a los partidos políticos y a los actores del sistema de salud adoptar de manera urgente tres mecanismos mientras se logra un consenso en torno a la reforma.

Esos tres elementos son: gobernanza transitoria, comisión especial de transparencia en salud —similar a la Cpomisión de la Verdad del proceso de paz— y veeduría independiente a las intervenciones y medidas excepcionales, «con los cuales buscamos contribuir a destrabar esa reforma que el país necesita», dijo Jairo Humberto Restrepo, líder de la iniciativa.

En el caso de la gobernanza, «la idea es contar con un mecanismo especial y extraordinario, participativo y deliberativo, que sirva para tomar los diferentes proyectos legislativos y generar unos puntos de consenso, en los que participen todos los actores del sistema, incluida la academia, y que se convierta en una herramienta permanente al servicio del país», explicó.

La comisión de la verdad buscará la elaboración de un informe de cuentas claras, con la participación de académicos y de miembros de organizaciones nacionales e internacionales, independientes y de reconocida trayectoria, «porque si algo se ha visto en este debate es que hay desinformación, noticias falsas y verdades a medias. El informe debe cerrar un capítulo que ha traído mucho daño a la reputación del sistema, no desconocer los problemas, pero tampoco caer en generalizaciones sin fundamento», sostuvo Jairo Humberto Restrepo.

Respecto a la veeduría a las intervenciones de las EPS, Restrepo anotó que se trata de que los afiliados al sistema tengan la capacidad de constituir estos organismos para observar y analizar si esas acciones del Gobierno representan mejoras. «Todas las intervenciones han terminado en liquidaciones», afirmó.

Por ahora no hay un pronunciamiento del Gobierno y de otros actores del sector relacionados a esta propuesta, pese a que el sistema está en una situación límite de la que, al parecer, solo se saldría con una reforma integral a la salud, que pasa por un diálogo político, social, cultural y económico para construir un consenso sobre su naturaleza. 

Algunas cifras que dan una idea del panorama

En Colombia hay algo más de 51,1 millones de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea como usuarias contributivas o subsidiadas, y de esa cantidad, 25,8 millones están en Entidades Promotoras de Salud —EPS— intervenidas por la Superintendencia de Salud; es decir, el 50,4 % de ellos están bajo responsabilidad directa del Gobierno nacional, según datos oficiales a abril de 2024.

A esto se debe agregar que en el primer semestre de este año cuatro EPS —Sura, Compensar, Salud Bolívar y Cajacopi— solicitaron el retiro voluntario del sistema y otros ocho millones de personas pasarían dentro de pocos meses a otras entidades, si la Supersalud aprueba la petición, con lo que habrá más cargas para las EPS que aún funcionan con normalidad.

Además, todas las EPS tienen grandes deudas con las instituciones prestadoras de servicios de salud y los proveedores. Según un informe de la Contraloría General de la República, publicado en febrero de este año, solo a las IPS les adeudaban, en octubre de 2023, 11,3 billones de pesos, pero la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral —Acemi— estimó, en abril pasado, que la cifra es de 6,6 billones de pesos.

También hay una discusión respecto a la Unidad de Pago por Capitación —UPC—, es decir, el valor anual que el Gobierno nacional entrega a las EPS por cada usuario y que se fijó en 1 444 086 pesos en 2024, para cada afiliado del régimen contributivo. Esta cantidad, según el gremio, no es suficiente para cubrir los gastos que generan los usuarios, aunque el Gobierno asegura que sí lo es.

Según un informe del Ministerio de Salud de 2023, la asignación de citas con especialistas debe hacerse en máximo cinco días después de la consulta inicial, pero en promedio estas se dan 120 días después, aunque hay casos de pacientes que tardan más de un año en recibir esta atención, lo que es la segunda causa de la presentación de tutelas contra el sistema.