Opinión

El crecimiento económico ha producido bienestar y riqueza para muchas sociedades, pero ha sido a la vez responsable de una desigualdad creciente tanto al interior de las sociedades ricas, así como entre estas, respecto de las pobres. Esto ha sido determinado en gran medida por las formas inequitativas de distribución de la riqueza.

La globalización ha generado un crecimiento de la prosperidad material en los países ricos, pero a la vez, la mayoría de la gente del mundo en desarrollo ha visto un continuo desmejoramiento en su calidad de vida. ¿Cómo salir de la trampa de la pobreza?

Políticos y economistas han visto esa posibilidad en la educación universitaria, la técnico profesional y la tecnológica. Se requiere inversión en infraestructura para la investigación, y en personas que necesitan más y mejor educación. Así, consolidar la ciencia en las universidades y aumentar el nivel de cobertura, hará posible el crecimiento de la economía y la progresiva superación de la inequidad.

El mejoramiento del ingreso y la formación en el conocimiento, le indican a los jóvenes que los cambios científicos, tecnológicos y la formación crítica y humanista, hacen cada vez más valioso asistir a la universidad.

A partir del proceso constituyente de 1991 se buscó el desarrollo de programas para conseguir mayor igualdad y una organización de la economía, cuyo crecimiento requería de la formación de la población en capacidades básicas.

Esto se tradujo en un aumento de la cobertura en las universidades y en crear las condiciones para la permanencia y graduación de los estudiantes. Así, la creciente importancia de la educación superior, pública y privada, incrementó la cantidad de estudiantes, que pasó de tener una cobertura del 24,4% en el 2002, a 47% en 2015 (MEN). Esta ampliación de la cobertura indica que un porcentaje mayor de los jóvenes que terminan bachillerato accede a la universidad. Sin embargo, aunque la cobertura en educación ha crecido también lo hizo la tasa de deserción, que en el 2015 se situó en 46%. Esto muestra un grave problema: la demanda de cupos ha sido superada por la limitada oferta.

Veamos un caso. En la UdeA se presentaron al examen de admisión entre 2010-1 y 2016-1, 413.402 aspirantes y pasaron la prueba 50.379; en promedio el 12.8% de los aspirantes fueron admitidos. Esto es, 363.023 jóvenes que no pasaron las pruebas de admisión en estos seis años no pudieron entrar a estudiar en la UdeA.

Esto quiere decir, que aunque Colombia ha venido realizando cambios institucionales y aumentando la inversión en educación, para conseguir un mayor acceso a la educación, estas cifras nos muestran que la posibilidad de cerrar la brecha social de la pobreza para los que no ingresan está todavía muy lejos. Hay que sumar a este número las cifras de las 32 universidades públicas para poder entender que antes de la deserción y el rezago hay un fenómeno de inequidad más profundo, sobre el cual, en los cuatro meses de paro en la Alma Máter, no dijeron una palabra las asociaciones de estudiantes y profesores, aunque se gritó mucho. Parece que consideran, como el liberalismo nacionalista decimonónico, que la justicia debe ser sólo interna y que no hay justicia fuera de las mallas.

Este tipo de justicia interna es funcional a prácticas nocivas para las universidades públicas, como la selección de los profesores, que en algunas encumbradas facultades no es estricta y no selecciona a los mejores, sino que favorece la contratación de los propios egresados y de los que comparten las mismas ideologías; y es funcional también al clientelismo interno, que como muy bien lo dice Salomón Kalmanovitz, “algunos decanos en las universidades públicas surgen de complejas negociaciones entre grupos de interés que eligen personas acomodaticias. Hay incluso directivos con más prontuario que curriculum vitae; pocos brillan por sus logros académicos y capacidad administrativa” (El Espectador, 08.11.15).

En los debates del pasado paro, hubo quienes propusieron como alternativa eliminar toda prueba de admisión y permitir el ingreso a todos los aspirantes. Los que plantean esto desconocen totalmente las potencialidades y capacidades académicas y financieras de la UdeA. Con aproximadamente 2.000 profesores vinculados y ocasionales , es absurdo pensar que ingresen, sin ninguna prueba de méritos o de capacidades, 30.000 ó 40.000 mil estudiantes por semestre. Podrían y deberían ingresar si la universidad pudiera tener 8.000 ó 10.000 profesores vinculados y cuatro o cinco veces su capacidad instalada, pero esto no es el caso. Es una propuesta inviable y utópica y no deja de ser sólo una idea populista-romántica. La propuesta es bien intencionada pero la recomendación es una babosada porque no se puede implementar.

Los académicos de la UdeA no podemos desconocer lo que desconoce la representación profesoral, a saber que en Colombia hay un choque entre recursos públicos muy ajustados y el aumento de la cantidad de estudiantes matriculados o aspirantes. No somos una sociedad rica y los recursos son escasos. Aquí hay que establecer la relación entre equidad y eficiencia. Eso es lo que plantea toda concepción de justicia, desde Aristóteles hasta Rawls. Si se afirma que el aumento de la cobertura y que la educación con excelente calidad disminuyen la inequidad, fenómenos como la deserción, el rezago y la graduación sin calidad en las universidades, disminuyen la posibilidad de reducir el nivel de inequidad porque se reduce el porcentaje de los jóvenes que terminan bachillerato que pueden acceder a la universidad.

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Nota

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