Z7_89C21A40L06460A6P4572G3304

Teclas de Ayuda de acceso Rápido

ALT + 1 Inicio

ALT + 2 Noticias

ALT + 3 Mapa de sitio

ALT + 4 Búsqueda

ALT + 5 Preguntas frecuentes

ALT + 6 Atención al ciudadano

ALT + 7 Quejas y reclamos

ALT + 8 Iniciar Sesión

ALT + 9 Directorio telefónico

Letra:

Contraste:

lunes, 27 de marzo 2023
27/03/2023
Síguenos
Z7_89C21A40L06460A6P4572G3305

Sociedad

Z7_89C21A40L06460A6P4572G3307
UdeA Noticias
Z7_89C21A40L06460A6P4572G3386
Sociedad

No está todo dicho sobre la reforma a la salud

16/03/2023
Por: Carlos Olimpo Restrepo S. – Periodista

La discusión de esta propuesta, una de las principales de la administración de Gustavo Petro, ha sido intensa y está lejos de llegar a un consenso. Desde diferentes grupos de investigación de la UdeA y en escenarios amplios, integrantes de la comunidad académica y científica de la Alma Máter han abordado el tema y contribuyen con sus ideas a tener una mayor claridad al respecto.

El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, durante su intervención en el foro sobre la reforma al sistema que se realizó en la UdeA el pasado febrero.Dirección de Comunicaciones/Alejandra Uribe F.

Desde antes de hacerse público de manera oficial el proyecto de reforma al sistema de salud en Colombia —uno de los principales puntos del programa de Gobierno de Gustavo Petro, junto con las reformas laboral y pensional—, ya se escuchaban voces a favor y en contra del mismo.

Cuando se radicó el proyecto legislativo ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, el 13 de febrero de 2023, el debate creció en intensidad y con más argumentos, toda vez que la ciudadanía puede consultar desde entonces el alcance de la propuesta del gobierno nacional, dividida en 18 capítulos y 152 artículos.

Al frente de este plan se encuentra la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien con su equipo de trabajo ha recorrido el país para explicar los alcances de esta transformación, como lo hizo en un reciente foro en el teatro Camilo Torres de la UdeA y en esta entrevista con la Emisora Cultural Universidad de Antioquia.

Precisamente aquí, desde hace varios años, investigadores, investigadoras y docentes han adelantado estudios sobre el sistema de salud del país y, a partir de sus conclusiones, han elaborado propuestas para mejorarlo. Con su ayuda, analizamos algunos aspectos del proyecto del Ejecutivo.


El futuro de las EPS

«El proyecto en ningún momento dice que se van a eliminar las EPS, pero no tiene sentido abrir más, porque ya hubo 150, estamos en 28 y hay 15 más en proceso de liquidación. Lo que queremos es que estas entidades cumplan con unas características, como sumarse a la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud — CAPS—. Van a continuar territorializadas, para que se organicen en el territorio con los CAPS», explicó la ministra, quien recordó que las EPS dejarán de recibir los recursos del Estado y deberán acordar con el Gobierno el traspaso de sus afiliados al nuevo sistema, entre otros aspectos.

En este aspecto, Nora Eugenia Muñoz Franco, profesora de Trabajo Social de la UdeA y doctorada en salud pública, advirtió que «como está planteada la financiación, deja puertas abiertas para que siga habiendo corrupción. La injerencia de las instituciones de salud privada va a ser uno de los desagües de los recursos en salud y eso que estamos cansados de decir que la intermediación es la que está captando gran cantidad de estos recursos».


Administración de los recursos

«Este proyecto de ley propone el manejo público de los recursos públicos de la salud, de tal manera que cumpla los estándares de la mayoría de los sistemas de salud del mundo. Queremos construir un pagador único, que pague directamente a clínicas y hospitales, porque la realidad que tenemos es que el sistema de salud tiene demasiadas deudas, porque el Estado entrega estos recursos a particulares y de ahí en adelante no se garantiza el pago a clínicas, hospitales y trabajadores de manera oportuna y las deudas hoy superan los 23 billones de pesos», sostiene la ministra Corcho.

Para Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA e integrante del Grupo de Economía de la Salud (GES), «se dan algunos pasos adelante, pero también muchos más pasos atrás. El financiamiento ha sido una fortaleza del sistema de salud. Es necesario asegura los recursos y blindar su uso para una mayor eficiencia y uso transparente. La propuesta oficial puede debilitar esta función, al propiciar cambios en la asignación y compra, con un aumento de los costos que presione por un mayor gasto». 

«En el proyecto hay pros y contras y en ese sentido, durante la discusión sociopolítica de la reforma se deberá revisar hasta cuál punto debe ir y cuáles van a ser sus verdaderos alcances de la reforma, porque, grosso modo, lo que se ve es que la burocracia no se pierde mucho», indicó Nora Eugenia Muñoz Franco.

Agregó que «es riesgosa la potestad que se les da a las administradoras privadas para el manejo de recursos dirigidos a la atención primaria, eso puede llevar a una nueva fase de la mercantilización de los servicios de salud, porque se va a destinar un recurso importante en esa dirección, sin dejar por fuera el aporte de los entes territoriales, para todo lo que tiene que ver con la atención primaria». 
 

Atención primaria en salud 

Los servicios diagnósticos especializados se convierten en objeto frecuente de quejas y reclamos de los usuarios por las dificultades para acceder a ellos y ese es uno de los aspectos que se busca cambiar con la creación de los centros de atención primaria.Dirección de Comunicaciones/Alejandra Uribe F.

«Queremos poner en la base del sistema la atención primaria en salud. Una parte es la salud preventiva. El sistema de salud debe prevenir y no esperar a que avancen las enfermedades, debe hacer un seguimiento permanente para que la gente viva de manera saludable, y si detecta una enfermedad en su comienzo, el sistema debería actuar de inmediato para curar, no dejar pasar el tiempo hasta que las condiciones sean peores», explicó Carolina Corcho, quien enfatizó que el eje de este aspecto serán los CAPS. 

Yuly Andrea Marín Ospina, docente de la Facultad de Medicina de la UdeA e investigadora en Salud Pública, resaltó que en el sistema actual hay prevención, «pero ha sido muy heterogénea y ha generado desigualdades». Agregó que «hoy se hace más necesario por dos situaciones: En primer lugar, por el envejecimiento de la población, porque a medida que esto pasa son más prevalentes las enfermedades crónicas no trasmisibles, muchas de ellas se pueden prevenir, o se pueden tratar a tiempo y prevenir secuelas y complicaciones. Lo otro es que siempre va a haber una presión por el mayor desarrollo de medicamentos y tecnologías, entonces si no se empieza desde ya a hacer fuerza en la prevención, los sistemas se vuelven insostenibles, porque se requieren más servicios. Entonces, esto sí o sí hay que hacerlo, para que llegue a toda la población».

Para Yadira Eugenia Borrero Ramírez, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública, que trabaja en la línea de investigación Derecho a la Salud y lucha social, el hecho de que los ciudadanos puedan contar con un CAPS cerca a su residencia —se proyecta uno por cada 20.000 personas, incluso en las regiones más apartadas—, ayudará a suprimir los problemas de acceso a los servicios, no solo por las condiciones geográficas, sino también por las barreras administrativas. «La reforma plantea que no va a haber autorizaciones, sino que el médico manda la orden y los centros de atención primaria se encargan de conseguirle la cita al paciente. Yo sé que a la gente le queda difícil entender esto, porque llevamos 30 años en este sistema de salud, pero este sería el logro más importante, porque el ciudadano ya no debe pasar por un tercero que decide si necesita o no el servicio del especialista o de los servicios diagnósticos», afirmó.


Medicamentos

El proyecto no profundiza mucho en este aspecto y lo deja en gran medida como una responsabilidad a futuro, dentro de la política farmacéutica nacional que deben elaborar entre los ministerios de Salud y de Industria y Comercio. Carolina Corcho indicó que «los medicamentos los entregan los mismos que los entregan hoy, existen unos operadores farmacéuticos que van a seguir funcionando y van a seguir entregándolos».

Pedro Amariles, profesor de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la UdeA y director del grupo de investigación Promoción y Prevención Farmacéutica, destacó dos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. El primero tiene que ver con las empresas de gestión de estos servicios, que aparecen en la Ley 100. «Ahí se debería pensar en cómo se establece un mecanismo que garantice que hay una institucionalidad que va a contribuir a que el usuario tenga los medicamentos que realmente necesita, no los que quiera la industria farmacéutica o cualquier intermediario con interés económico, y además que se evalúen los resultados alcanzados y si es necesario se hagan intervenciones para conseguir mejores resultados a través de la atención farmacéutica, algo que se ha desarrollado en el país a lo largo de estos 30 años. Esto se ha demostrado con los estudios que hemos realizado, mediante los cuales hemos comprobado disminución en hospitalizaciones, intervenciones y reacciones adversas».

«El otro punto es cómo se incorpora al sistema los establecimientos minoristas, las farmacias y droguerías, sobre todo las de barrios y pueblos, que se dedican esencialmente a la entrega de medicamentos, donde no hay un análisis de si el medicamento es adecuado para la persona y tampoco hay mucha información para el uso correcto, como si se puede tomar con los alimentos, si hay restricción de actividades, si produce somnolencia, etc. Entonces lo que se debería mirar es que esos 20.00 establecimientos evolucionen a centros de servicios farmacéuticos, donde también se pueda hacer un análisis de la conveniencia del medicamento y, lo más importante, que estos lugares puedan retroalimentar a los médicos e informar a las personas sobre el uso adecuado», enfatizó Amariles.


Tipo de reforma

El Gobierno Nacional radicó el proyecto de reforma a la salud para que fuera tramitado como una ley ordinaria, a lo cual se oponen algunos legisladores, movimientos políticos y particulares, quienes consideran que el proceso debe hacerse como si fuera de una ley estatutaria, discusión que ya llegó a instancias jurídicas.

La profesora de Derecho Constitucional Luisa Fernanda Cano, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, explicó que el artículo 152 de la Constitución Nacional establece cuáles son los temas que deben tramitarse mediante leyes estatutarias. «Son los que podríamos llamar los consentidos del constituyente, entre ellos están los derechos fundamentales y otros temas muy sensibles para la sociedad», anotó la docente.

Por tal razón la Carta Política ordena que, para su aprobación, modificación o derogación, estas leyes obtengan la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, es decir, la mitad más uno de sus integrantes —no solo de quienes estén al momento de la votación—, tanto en comisiones como en plenarias. De igual manera, deben tramitarse dentro de una sola legislatura y deben someterse a revisión previa de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia.

La profesora Cano recordó que, en 1993, cuando se aprobó la Ley 100, la salud no era considerada derecho fundamental y por eso el trámite entonces fue el de una norma ordinaria. Y esta es una de las razones por las que el Gobierno presentó la reforma como si se tratara de una ley ordinaria.

Sin embargo, «con el paso del tiempo, la Corte fue cambiando la naturaleza y categoría de este derecho. La sentencia T-760 de 2008 considera ya que es un derecho fundamental autónomo. Y en el año 2015 sale la Ley Estatutaria 1751, que le da el carácter de derecho fundamental a la salud», anotó Luisa Fernanda Cano. Y este es uno de los argumentos de quienes sostienen que debe ser un trámite de ley estatutaria.

Otro de los argumentos del Gobierno es que el proyecto no afecta asuntos estructurales del derecho a la salud, sino que tiene que ver con asuntos operativos. «La Corte ha dicho que solo cuando se afecta el núcleo estructural del derecho fundamental debe ser tramitado como ley estatutaria, pero si no se afecta debe tramitarse como ley ordinaria, si se refiere a asuntos muy operativos, administrativas, de detalle», recordó la docente. Pero los contrarios sostienen que el proyecto sí afecta la estructura del derecho y, por tanto, debe ser estatutaria.

Estos y otros elementos son discutidos en el momento en los tribunales y si los argumentos del Gobierno son desvirtuados allí, la reforma puede volver a presentarse como un proyecto de ley estatutaria, con nuevas fechas para la discusión del articulado.

Z7_89C21A40L06460A6P4572G3385
Z7_89C21A40L06460A6P4572G3387
Correo del contacto
Correo del contacto
[57 + 604] 219 5026
Z7_89C21A40L06460A6P4572G33O4
Z7_89C21A40L06460A6P4572G33O6
Lo más popular
Z7_89C21A40L06460A6P4572G3340
 
Universidad de Antioquia | Vigilada Mineducación | Acreditación institucional hasta el 2022 | NIT 890980040-8
Recepción de correspondencia: calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: calle 67 No. 53 - 108 | Horario de atención
Conmutador: [57 + 604] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384 | Fax: [57 + 604] 263 8282
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, consultas y felicitaciones
Política de tratamiento de datos personales
Medellín - Colombia | Todos los Derechos Reservados © 2020