Opinión

La existencia de los impuestos es tan antigua como la civilización misma. El historiador romano Marcellinus describía como hace más de 300 años antes de Cristo, los soldados romanos flagelaban a los campesinos egipcios para que confesaran dónde ocultaban sus bienes, sobre los que tenían que pagar impuestos.

Hoy, torturamos los datos para que confiesen, en la búsqueda de mayor recaudo impositivo y menor evasión. En entrevista del 4 de abril, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega, afirmó que son cerca de 100.000 millones de dólares los recursos de colombianos en paraísos fiscales —¡saludos desde Panamá!—.

Ante un déficit fiscal creciente, estimado en 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2016, obligando al Gobierno Nacional a buscar un faltante de más de 30 billones de pesos, resulta provocativo y deseable cobrarle a los evasores. Pero, por tener recursos fuera del territorio nacional, el país queda sometido a la voluntad de cooperación de otras naciones.

Mientras esto sucede, las obligaciones financiares acosan. El posconflicto aparece desfinanciado, las metas del gobierno apretadas y las posibilidades para el ciclo político de los negocios menguadas. En este escenario, aparece un deseo por financiar las actividades públicas recurriendo a más recursos propios, es decir, impuestos.

Como en las doce reformas tributarias que el país ha realizado entre 1990 y 2014, una cada dos años, la nueva propuesta que sería sometida al Congreso en el segundo semestre de 2016 también se califica como estructural. Resulta preocupante que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se disputa la financiación del presupuesto nacional junto al impuesto a la renta. Es más, según cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) el IVA corresponde al 5,4% del PIB mientras que el imporrenta al 5,1%.

El problema con el IVA es que es un impuesto regresivo que agudiza la desigualdad económica en el país. Y la anunciada nueva reforma tributaria planea incrementarlo al 19%, valor superior a la media mundial de 15% y al promedio latinoamericano de 9%, según la firma de abogados Baker y McKenzie, ubicándonos en la región en la tercera posición junto a Chile en cuanto al valor del IVA.

A la par, ideas como la de mantener el impuesto a las transacciones financieras o cuatro por mil, resultan cuestionables. Un impuesto creado en noviembre de 1998 y que debía ser transitorio, hoy es permanente. La justificación que da el Gobierno es su fácil recaudo, difícil evasión y cuantía importante para financiar los proyectos gubernamentales.

Y es que creado el impuesto, resulta casi imposible su desmonte, a pesar de su impacto negativo para la economía. El trabajo de Ignacio Lozano Espitia, Hernando Vargas Herrera y Norberto Rodríguez Niño de 2015, publicado en los Borradores del Banco de la República, concluye que los costos del cuatro por mil han sido trasladados a los cuentahabientes, incrementando la intermediación bancaria en 103 puntos básicos en promedio.

Con este panorama, un contexto macroeconómico debilitado por la caída en el precio de las materias primas y del petróleo y un déficit en cuenta corriente del 7,7% del PIB, ¿qué nos depara la nueva reforma? En un país desigual, resulta imprescindible discutir sobre tributación. Más aún, porque es la base para nuestra política de bienes públicos y posibilidades de inversión social. Y modificando aquella célebre frase de Benjamín Franklin, existen tres situaciones inevitables en nuestra civilización: las filas, la muerte y el pago de impuestos. Imposible evadir el debate sobre la reforma tributaria.

Ver la publicación de este texto en el periódico El Mundo del miércoles 13 de abril de 2016

Nota

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