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Sociedad

La disputa por el control a los contenidos en las redes sociales

13/07/2022
Por: Carlos Olimpo Restrepo S. - Periodista

Si bien los Gobiernos nacionales pueden imponer condiciones y hacer exigencias a los dueños de las redes sociales, estos suprapoderes también deciden sobre contenidos y usuarios que, según sus políticas, puedan resultar lesivos para un grupo poblacional o provocar fisuras sociales profundas. Y los ciudadanos también reclaman su participación en este debate.

Ilustración: Dirección de Comunicaciones UdeA/Carolina Gomes

Las libertades de opinión y expresión son derechos humanos universales, pero tanto los Gobiernos como las corporaciones privadas pugnan con los ciudadanos para poner límites a lo que se dice en algunos espacios, muestra de ello son los debates de años recientes en torno a lo que pueden o no publicar los usuarios de las redes sociales y a quién debe realizar el control o vigilancia sobre dichos contenidos. 

El 21 de noviembre de 2019, en medio de un paro nacional, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez denunció que Twitter le bloqueó su cuenta. El 8 de enero de 2021, la misma red social anunció la suspensión permanente de la cuenta de Donald Trump, dos días después de los disturbios en el Capitolio en Washington y a 12 días de que entregara la presidencia de Estados Unidos. 

Entre finales de febrero y comienzos de marzo de este año redes como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, y buscadores de internet como Google dejaron de funcionar para usuarios rusos, luego de que su país invadiera a Ucrania. 

En los dos casos citados en primer lugar se trató de una decisión empresarial, con base en las condiciones que pone la compañía a sus usuarios, mientras que en el otro ejemplo la medida la tomaron las redes según las decisiones administrativas y judiciales internacionales para bloquear y aislar a Rusia. 

Y en medio de este panorama aparece el multimillonario Elon Musk con la oferta de comprar Twitter —ahora en veremos— y la promesa de una libertad de publicación aparentemente total, con la sola condición de que sus usuarios estén plenamente identificados. 

Estos hechos han llevado a poner de nuevo en público el debate sobre si internet, y dentro de ella las redes sociales, debe ser un lugar de libertad plena, casi sin control, o si, por el contrario, hay que ponerle límites

«Esto tiene unos matices. Si se regula internet para evitar, por ejemplo, que los discursos de odio se profundicen, la intención puede ser muy buena, pero también se puede caer en la tentación de la censura», dijo Diana Ramírez Hoyos, coordinadora del Pregrado en Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la UdeA. 

«Y está también la discusión sobre quién decide qué se censura y qué es lo que leemos. Así como los algoritmos están de alguna manera entrenados para uno ver lo que le gusta o le conviene, y de esta manera permanecer en una burbuja; del otro lado también vamos a estar en otra situación, quién decide cuáles voces podemos escuchar como sociedad, quién es el censor, el gran hermano», sostuvo la docente. 

Juan Camilo Portela García, magíster en Ciencias Políticas de la UdeA, y quien adelanta estudios de doctorado en México, resaltó que «ahora, cuando se habla de regular los contenidos que los ciudadanos ponen en las redes sociales, esto se ve como algo que atenta contra el pluralismo de voces que internet ha favorecido. Pero si la pluralidad de voces es fundamental para la democracia, otro rasgo fundamental de la democracia es la información de calidad, para que la ciudadanía tome decisiones informadas». 

El control, ¿para quién? 


Este punto es uno de los pilares sobre quién debe tomar la iniciativa para controlar las publicaciones de los individuos en las redes y sobre la manera de hacerlo. 

«Hay actores políticos, económicos y sociales que tienen poder suficiente para generar múltiples denuncias de contenidos, que en sí mismas no tienen nada de antidemocráticas, que no contienen discursos de odio ni desinformación, pero que al recibir tantas denuncias se ven afectados. Lo que se ve es que internet se ha vuelto un espacio de disputas entre prácticas democráticas y prácticas autoritarias, esto tiene que ver con la libertad de expresión y con cómo algunos intentan limitarla», destacó Portela, investigador sobre el tema. 

Además de esta posibilidad «democrática» para censurar algunos contenidos, están también las herramientas legales de los países para obligar a las empresas a actuar en algún sentido respecto a los contenidos. «Si bien las corporaciones mundiales de internet y las redes sociales tienen el botón para decidir qué se publica y qué no se publica, quienes llevan la batuta en esto son los Gobiernos nacionales. La lógica por la que se mueven las compañías es económica; más que regular contenidos, buscan vender datos de los usuarios y, a través de eso, obtener réditos económicos», sostuvo Portela. 

Además, diferentes organizaciones han liderado iniciativas y creado herramientas que ayudan a los ciudadanos a verificar los contenidos que circulan por las redes sociales. Una de ellas es Verify, plataforma creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD—, por ahora solo disponible en inglés, para combatir la desinformación y los discursos de odio. 

Google y Microsoft también cuentan con herramientas a disposición del público en general, y la compañía de Bill Gates ha creado, además, alianzas con grandes medios de comunicación y otras empresas tecnológicas para ayudar a identificar las mentiras. En nuestro país, algunos de los grandes medios utilizan sus propias herramientas de verificación o se apoyan en la tarea de otras organizaciones. 

Para la profesora Ramírez sí debe existir cierta regulación en la red, «pero el problema es quién la impone o la determina, ¿es el dueño o los dueños de una red social y su equipo jurídico el que determina qué es un discurso de odio? Es peligroso que se permita expandir ciertos contenidos, pero también se puede llegar a otros extremos, al de la cultura de la cancelación». 

Ante esto, Daniel Peña Valenzuela, docente de Derecho en la Universidad Externado de Colombia, sostuvo que «desde el punto de vista jurídico, el debate se centra en si las redes deben tener la opción de retirar contenido, controlar o filtrar la información que los usuarios ponen ahí, ¿dónde están esos límites y hasta dónde llegan?». 

Peña, quien ha sido ponente del diplomado Derecho, Tecnología e Innovación de la Facultad de Derecho de la UdeA, recordó que la Corte Constitucional colombiana ha revisado, en varios casos, el choque entre los derechos de la expresión y la opinión con el del buen nombre. 

«A la conclusión general que ha llegado la Corte es que no deben buscarse escenarios de responsabilidad de las redes por lo que sus usuarios ponen allí, porque eso podría llevar a estimular la censura previa», señaló. 

El experto agregó que «ese estándar de evitar censura previa debe mantenerse para tratar de evitar que los particulares, las redes, tengan una injerencia directa en la utilización, por parte de los usuarios, de sus espacios».

Pero la docente Ramírez recordó que en años recientes han empezado a surgir iniciativas que, más que censurar contenidos, ayudan a que las personas sean más conscientes sobre las noticias que ven en redes. «Me refiero a lo que se hace hoy con el periodismo de chequeo, hay medios de comunicación en Colombia y el mundo que están aprovechando el poder de los algoritmos para ofrecer herramientas que permitan a la gente tener un criterio diferente sobre qué y cómo compartir y cómo chequear la información que consumen», enfatizó. 
 

En el país también se verifica
 

En Colombia, la Red Ética de la Fundación Gabo hace cada semana un examen sobre noticias virales, para que ciudadanos en general, y periodistas, en particular, sepan si están o no bien informados a partir de contenidos que circulan en redes, a la vez que tiene otros recursos a disposición de los medios.

En mayo pasado, la organización Consejo de Redacción reactivó la plataforma RedChecq, que con el apoyo de varios medios de comunicación y empresas como Google News Initiative, Meta, National Endowment for Democracy y Twitter,verifica contenidos que circulan sobre la campaña política colombiana.

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