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Sociedad Vida

¿Quién cuida de las trabajadoras domésticas en la pandemia?

23/06/2021
Por: Natalia PiedrahitaTamayo- Periodista

Las restricciones de movilidad, la emergencia sanitaria y la recesión económica generadas por el confinamiento producto de la pandemia, han dificultado las dinámicas de las empleadas del servicio doméstico de los hogares.

El 94 % de quienes asumen esta labor en Colombia son mujeres. La cifra de desempleo en el total nacional se reportó en 21 % en marzo de 2021: ONU Mujeres y DANE. Foto: Solidarity Center / Kate Holt.

Precariedad laboral

Cerca de 688 000 personas ejercen empleos domésticos en la actualidad en Colombia y el 94 % son mujeres, según el documento publicado por ONU Mujeres y el Departamento Nacional de Estadística —Dane— en marzo de 2020. En estas cifras se evidencia la alta tasa de empleo informal: el 88.6 % de sus contrataciones se pactaron verbalmente, el 66 % de los casos devengaron menos de un salario mínimo mensual y solo 17 % de estas incluyeron las prestaciones sociales.

El trabajo doméstico es una labor con alto riesgo de exposición a la covid-19. El acceso a casas en las que puede estar la enfermedad y el constante uso de transporte público son factores que convierten a las empleadas en el blanco del virus. Además, son un eslabón vulnerable de la cadena del empleo en Colombia, por las escasas garantías que han tenido, en especial durante la pandemia.

De 669 657 trabajadoras domésticas que habían en el segundo trimestre de 2019 se pasó a 337 632 en el mismo periodo de 2020, según el «Informe sobre Cifras de Empleo y Brechas de Género», publicado por el Departamento Nacional de Estadística —Dane—, a raíz de la alerta de cambios en actividades de cuidado remunerado por la covid-19. La mitad perdió el empleo luego de la llegada de la pandemia, según el organismo.

Ladicel Mosquera, presidenta del Sindicato de Mujeres Afrodescendientes del Servicio Doméstico del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, señaló que el confinamiento ha sido una desgracia para estas trabajado ras en su región.

«Muchos empleadores nos están explotando porque convinieron con las compañeras que para devengar su salario deberían trabajar internas, lo cual es similar a la esclavitud; además, las altas horas de salida en días de toques de queda nos dificultan el acceso al transporte público, por lo cual nos ha tocado llegar a pie hasta la casa sin importar lo lejos que esté», declaró la líder regional.

Además de estas dificultades, la covid-19 supuso para ellas retrasos en sus dinámicas cotidianas —desplazamientos, horarios de entrada y salida—; algunos empleadores lo entienden, otros han llegado incluso a suspender sus contratos. Se han dado casos en los que les dicen que por prevención es mejor que no vuelvan hasta que pase la pandemia.

Mayda Álvarez Urrego y Maribel Osorio León, investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia que han enfocado su labor académica en analizar aspectos del trabajo doméstico, mencionaron que a los riesgos en la salud se suma un fenómeno más complejo: ante la actual implementación de protocolos de bioseguridad, muchas quedaron en sus hogares sin ningún tipo de auxilio económico, ya que el miedo a contagiarse por parte de los empleadores hizo que tuvieran que quedarse en sus casas.

«En la pandemia se evidenció que aún quedan muchos retos para garantizar el trabajo en condiciones dignas para muchas de estas mujeres», comentó Valentina Montoya Robledo, doctora en Leyes, investigadora de la Universidad de Harvard y directora de la plata forma digital Invisible Commutes, creada para apoyar a este gremio en América Latina.

Una lucha por los derechos laborales que no cesa

La contratación doméstica venía de una tradición en la que se realizaba verbalmente y con ello las garantías de quienes ejercían estas ocupaciones quedaban a voluntad de los jefes. En los recientes ocho años ha habido conquistas significativas para este gremio en materia legal. Con el Decreto 721 de 2013, el Ministerio del Trabajo reguló la afiliación al sistema de compensación familiar y, mediante el Decreto 2616 del mismo año, se legalizó la cotización a seguridad social para aquellas empleadas que trabajan por períodos inferiores a un mes.

En medio de estas y otras garantías que se han alcanzado, como la formalización del pago de prima de servicios y la «pensión sanción», con la que la Corte Constitucional ordena el castigo al empleador que no cotice pensiones de su empleada a cargo, Osorio León indicó que el confinamiento agudizó otras problemáticas, como el aumento de la cantidad de horas laboradas por día, ya que muchas trabajan hasta 12 horas, cuando legalmente una persona que devengue un salario mínimo en Colombia no puede trabajar más de ocho horas diarias.

Este aspecto está ligado a la dificultad de los tiempos y medios de desplazamiento entre lugares de vivienda y de trabajo, que en ciudades como Bogotá y Medellín constituyen una problemática. «El 28 % o más de su sueldo se va en el transporte público, porque muchas vienen de municipios que están por fuera de las ciudades y deben tomar más de un autobús. Además, en medio de la pandemia, los tiempos de desplazamiento se vuelven más largos porque los buses están muy llenos y muchas veces deben esperar otro o caminar», aseguró Montoya Robledo.

Las luchas de organizaciones sindicales como la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico y de apuestas como Invisible Commutes, apoyadas por el Ministerio del Trabajo, han trazado un camino en materia de reconocimiento de los derechos laborales. Sin embargo, la cantidad de empleos informales en el país genera una cadena de personas desprotegidas con dificultades para cubrir sus gastos básicos que, en muchos casos, deben sacrificar el tiempo para sus familias y su descanso para atender la sobrecarga laboral y los desplazamientos desde zonas remotas.

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