Opinión

Desde hace un mes la cotidianidad de la Universidad viene siendo invadida por la publicidad, la presencia y los foros entre las candidatas y los candidatos a la designación rectoral 2024-2027. Sorprende el número de los aspirantes, en total diez, tres mujeres y siete hombres. Se han sometido a un foro institucional —faltando el de este 5 de marzo— y numerosos foros con distintas audiencias de la Universidad: profesores, investigadores, estudiantes, mujeres, diversidades y disidencias sexuales. En principio se puede decir que se trata de un ejercicio de democracia universitaria y de debate razonado. Cada candidata o candidato ha podido presentar sus propuestas y su visión de universidad. Todas ellas muy diversas y que reflejan puntos de vista acerca de como entender la dinámica de la educación superior hoy y de la Universidad de Antioquia en particular. 

Se han abordado temas de gobernabilidad y gobernanza de la Universidad, políticas de docencia, investigación y extensión, bienestar y convivencia, prospectiva universitaria, regionalización e internacionalización, financiación y superación de la crisis financiera. Las candidatas y candidatos reflejan un amplio espectro de la vida de la Alma Máter y de perspectivas de egresados, pues, algunos de los candidatos lo son. Predominan, sin embargo, aspirantes que emergen de la dinámica propia de la vida universitaria. Sorprende que varios miembros del equipo rectoral aparezcan desafiando a su jefe en campaña de reelección. No debe ser fácil aceptar este tipo de desafío por parte del rector actual. Se ha interpretado como una debilidad del actual titular de la rectoría.   

Una sombra se cierne sobre las y los aspirantes. Es la de los ocho miembros del Consejo Superior Universitario que el último martes del mes de marzo harán en sesión ordinaria, la designación de la rectora o del rector para los próximos tres años. Sombra dado que todo el debate y el desgaste de estos dos últimos meses se verá definido por los votos de quienes allí toman asiento y no por las 35 000 personas que habitamos los campus de la Universidad. Muchos de dichos miembros no tienen un conocimiento de fondo sobre el quehacer universitario y son externos al devenir cotidiano de la docencia, la investigación y la extensión. O tienen intereses de control sobre la Alma Máter. No basta tener un asiento en el Consejo Superior Universitario para conocer los retos del día a día en la Universidad —el desfinanciamiento, la pérdida de liderazgo académico, la invasión del espacio común por ventas informales, las violencias basadas en género, las violencias cotidianas, el ruido interno, el consumo de sicoactivos, etc—. 

Desde el ámbito gremial, históricamente, hemos denunciado este juego antidemocrático. Todo dependerá de quien tenga más cercanía o capacidad de puja política en relación con los miembros del Consejo Superior. Excluyo al representante profesoral que se regirá en su voto por el ganador de la consulta profesoral universitaria a realizarse el 12 de marzo. Los demás votos son por ahora una incógnita y cada candidato o candidata puede, según sus nexos externos, adjudicarse unos u otros. Hay quienes asumen tener ya los votos suficientes para elegirse. 

Algún candidato se precia de saber como terciar en estos tejemanejes políticos, después de todo llevaría 24 años o más realizando estas pujas e intríngulis que poco de universitario tienen. Los otros y otras hacen cálculos quizá buscando el favor o el padrinazgo de alguna de estas fuerzas externas. Hacen uso de influencias propias o por interpuesta persona. El actual proceso de designación tiene un ingrediente adicional, la disputa entre el Gobierno local y el Gobierno nacional en hacerse con los destinos de la Universidad. Se especula de diversas maneras sobre dicho ejercicio agonístico. En todo caso el pulso está abierto y aún no se sabe de que lado se definirá. En otras universidades públicas del país, el pulso gobierno nacional-gobierno local ha dejado indefiniciones como en la Universidad Tecnológica de Pereira —sucesivas votaciones sin lograr mayoría calificada para un candidato—. En la Universidad del Valle la puja terció a favor del gobierno local. 

Estos procesos de designación rectoral en las universidades públicas hacen más urgente algo que hemos venido reclamando los profesores universitarios. Una reforma radical de la Ley 30 en lo que tiene que ver con el gobierno universitario. Una conformación del Consejo Superior Universitario que dé mayor fuerza a los estamentos internos, profesores y profesoras, estudiantes, empleados y empleadas, colectivas y colectivos. Allí quizá podríamos hablar de un avance real en la democracia universitaria. En un proyecto que hizo circular la Ministra de Educación en meses recientes, se sugería ampliar a dos los representantes profesorales y a dos los representantes de los estudiantes, elegido uno o una de ellos o ellas por asambleas universitarias. Pero esto es por ahora un proyecto hasta que no avance la transformación de la Ley 30.  Entretanto nos resignamos a la puja entre fuerzas que desbordan el devenir de la Universidad y nos consolamos con que la consulta universitaria, que no es vinculante, pueda definir algo: un verdadero simulacro de democracia. Aunque la dispersión de la votación será tal, por el número crecido de candidatas y candidatos, que liberará en apariencia al Consejo Superior de atenerse a dicho resultado.

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