El 12 de diciembre es la fecha límite que fijó la Registraduría para que los precandidatos que aspiren a la presidencia a través de Grupos Significativos de Ciudadanos (G.S.C) entreguen las 580.620 firmas válidas necesarias participar de la contienda electoral. Hay que recordar que esta figura existe en nuestro sistema político con el propósito de ampliar la participación política, y especialmente electoral, al permitir que los candidatos que no cuenten o no deseen contar con el aval de un partido, puedan igualmente hacer parte de los comicios, luego de recolectar cierto número firmas y cumplir con una póliza de seriedad.

De cara a las elecciones presidenciales de 2022, actualmente hay inscritos 37 comités promotores que buscan desesperadamente en la calle el apoyo ciudadano. Si bien este fenómeno no es una rareza, de hecho, ya hace parte del paisaje, pues en 2018 fueron 45 las precandidaturas que se inscribieron como G.S.C, en plena temporada alta de firmas resulta más que pertinente recordar al menos tres anotaciones sobre cómo esta estrategia ha sido utilizada por los actores políticos en nuestro país.

Primero, las candidaturas por firmas se convierten en la principal alternativa para desmarcarse de los partidos tradicionales. En un escenario marcado por la crisis de la representación, el desprestigio y la desconfianza hacia los partidos políticos han tenido efectos determinantes para las democracias. Los partidos ya no son, como otrora, las principales organizaciones constructoras de identidad y movilizadoras de electores; inclusive, ahora son percibidas como estructuras corruptas, enquistadas en élites políticas que poco o nada tienen que ver con la ciudadanía. Para no cargar con este lastre y así maximizar las posibilidades de resultar victoriosos, los políticos reconocen que deben mostrarse y aspirar como candidatos independientes, aun cuando bajo la mesa reciban el apoyo de los partidos.

El caso de Álvaro Uribe en 2002, quién luego de haber militado en el Partido Liberal, fue elegido presidente a través del movimiento Primero Colombia, ejemplifica bien lo que algunos autores denominan el “deshielo” del sistema de partidos, toda vez que los partidos tradicionales pierden la centralidad histórica que les caracterizó, mientras que nuevos actores comienzan a superar barreras que antes parecían impenetrables. Una referencia más cercana, que además también comprueba el impacto que han tenido los G.S.C en la vida política local y regional, se encuentra en la disputa por la Alcaldía de Medellín, donde el traje, el pantalón y la corbata fueron reemplazados por la camisa casual, los jeans y el pelo largo de los “independientes”.

Segundo, las candidaturas por firmas han sido la válvula de escape ante los problemas de acción colectiva al interior de los partidos. Es recurrente que dentro de las estructuras partidistas se presenten tensiones y divisiones entre sus miembros, pues al fin y cabo los partidos políticos no son homogéneos ni eternos, y tampoco es deseable para la democracia que así fuera. En el marco de la toma de decisiones y los procesos de otorgamiento de avales, es posible que entre algunas de las partes se presenten discrepancias que resultan irreconciliables.

Si bien nadie quiere abandonar el barco cuando en apariencia navega con tranquilidad, (y menos cuando existe la personería jurídica de por medio), en ocasiones la única alternativa es armar rancho aparte, y allí es donde aparecen las candidaturas por firmas. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió entre el Polo Democrático y Gustavo Petro en 2010, quien luego de renunciar al partido por diferencias internas, recogió firmas y ganó las elecciones a la Alcaldía de Bogotá a través del Movimiento Progresistas, proyecto político que se reeditó con aspiraciones nacionales en 2018, bajo la figura de Colombia Humana.

Y tercero, las candidaturas por firmas han sido utilizadas como una estrategia para anticiparse a la campaña electoral. Esta modalidad les permite a los precandidatos exponerse públicamente durante el proceso de recolección de firmas y ganar terreno en la opinión pública, mientras quienes aspiran a través de los partidos deben competir internamente por el aval y esperar la inscripción de la candidatura para comenzar oficialmente la campaña. Por esta razón, en 2018 vimos precandidatos que recogieron firmas y luego aparecieron en el tarjetón, algunos como fórmulas vicepresidenciales, con el aval o en coalición de uno o varios partidos políticos, como es el caso de Germán Vargas Lleras y Marta Lucía Ramírez. Para la contenida de 2022, nada raro sería ver, por ejemplo, a Alejandro Gaviria o Federico Gutiérrez junto al logotipo de un algún partido.

Estos tres puntos conducen a la siguiente conclusión. Las candidaturas por firmas, más que contribuir con el fortalecimiento de la democracia pluralista en el país, se convierten en un obstáculo en el necesario proceso de institucionalización del sistema de partidos en Colombia. La naturaleza de esta figura es cómplice del personalismo y el caudillismo político, que bien conocemos en América Latina; del carácter esporádico y cortoplacista de los Grupos Significativos de Ciudadanos, en detrimento de la estabilidad y perdurabilidad de los partidos; de la opacidad en el proceso electoral, toda vez que los vacíos legales no permiten un mayor control sobre la financiación y la publicidad; y de la irresponsabilidad política ante el elector, pues se escapan de los proceso de rendición de cuentas.

Injusto sería no reconocer que las candidaturas por firmas también han sido el primer paso para que algunos actores, cuya existencia es necesaria, se incorporen al sistema de partidos. Desde movimientos cristianos, como Colombia Justa Libres, hasta la Colombia Humana de Petro, han logrado a través de esta figura ubicarse en la arena política nacional. Inclusive, una valiosa iniciativa ciudadana de origen local, como es el caso de Estamos Listas en Medellín, ya aspira a convertirse en un partido político feminista de alcance nacional. Dependerá de estas organizaciones su permanencia y estabilidad en el tiempo.

Sin embargo, también es evidente que estas son situaciones excepcionales y que el uso excesivo de las candidaturas por firmas, en la mayoría de los casos, más que responder al genuino interés ciudadano de participar en las elecciones por fuera de los partidos, es un instrumento de campaña que es funcional a los objetivos de las élites políticas. Una reforma en la arquitectura electoral del país requeriría no eliminar esta figura, pero sí modificar las reglas del juego de tal forma que los ciudadanos aún puedan recoger firmas y progresivamente aspirar a crear nuevos partidos, a la vez que se impongan mayores controles y se eliminen los incentivos con el fin de contener la proliferación de organizaciones coyunturales e indisciplinadas que dispersan y desordenan el sistema de partidos.

Nota

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