Opinión

No puede descartarse que se está dando una capitulación de los principios del Estado de Derecho frente a la abrumadora complejidad política y social que ha generado el paro. Pero los derechos humanos, las libertades civiles y políticas, el respeto a las personas y a su dignidad como seres humanos no pueden ser aplastados ni por unas fuerzas policiales desbocadas, ni por vándalos y violentos que han desbordado los límites de la manifestación ciudadana, ni por grupos de civiles armados, como los que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación de indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali.

En esta situación de una "guerra de todos contra todos” (Hobbes), el Estado, que tiene la coerción como uno de sus rasgos definitivos, debe ejercerla en función de la protección de los ciudadanos, y debe hacerlo respetando el Estado de Derecho.

La policía ha desconocido un principio fundamental en los conflictos internos que es la necesidad militar, la cual consiste en aquellas medidas que son indispensables para asegurar los fines de la guerra o de un conflicto civil y que son lícitas según el derecho. Esto es un asunto antiguo en la teorización de la guerra, los conflictos internos y las protestas civiles. Hugo Grocio reconoció varios principios que limitan la necesidad militar: i) el peligro debe ser real, vital e inminente; ii) el reclamante de la necesidad debe ejercer una fuerza proporcionada, es decir, limitada, para contrarrestar la amenaza; iii) no todos los medios están permitidos (no se pueden utilizar armas envenenadas o participar en asesinatos). Ni siquiera Maquiavelo pensó que la necesidad militar fuera ilimitada.

En el desarrollo de este paro han sido desconocidos de forma grave estos principios: i) la protesta social pacífica, como reacción a la pobreza extrema y la profunda desigualdad social, ha sido estigmatizada como terrorismo, vandalismo; ii) la fuerza policial usada ha sido desproporcionada para enfrentar la protesta civil, como se puede ver en el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 56 personas han perdido la vida, hay  denuncias sobre 132 personas desaparecidas, al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública. Han fallecido también 2 policías, 977 resultaron lesionados y 25 estaciones de policía han sido atacadas, algunas con sevicia; iii) la policía ha utilizado armamentos antidisturbios letales como el lanzacohetes Venom y lanzadores de munición esférica, los cuales no son permitidos en manifestaciones civiles.

Basado en estas razones asevero que el presidente Duque y el ministro Molano, han desconocido los límites a la necesidad militar y actuado contra el Estado de Derecho al darle a la policía una licencia de facto para disparar contra la población, produciendo así una matazón de civiles. La coerción democrática que el Estado ejerce en interés de los ciudadanos está siendo destruida y en su lugar aparece la coerción autoritaria —complementada con la asistencia militar— cuya función principal es servir a los intereses del grupo dominante para mantenerse en el poder. ¡A sangre y fuego!

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 1° de junio de 2021

Notas: