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Academia Sociedad

La financiación de la educación pública, un llamado urgente

31/05/2022
Por: Johansson Cruz Lopera - Periodista

Según el Sistema Universitario Estatal —SUE— las universidades públicas del país tienen un alto déficit presupuestal. Esto se debe a la desfinanciación de las universidades, provocada por los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Directivos y docentes hacen un llamado urgente para la modificación de estos artículos y evitar un escenario de crisis. El SUE ya presentó una propuesta. 

Según el Sistema Universitario Estatal es urgente renovar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que reglamentan la transferencia que el Estado le hace a las universidades públicas del país. Fotos: María Camila Monsalve Ardila - Dirección de Comunicaciones

Desde el 2009 el Sistema Universitario Estatal —SUE— ha advertido que las universidades públicas del país se encuentran desfinanciadas, pues lo establecido en los artículos 86 y 87 —que determinan el modelo de transferencia de los recursos— de la Ley 30 de 1992 —que tiene como objetivo organizar el servicio público de la Educación Superior—, no alcanza para cubrir el funcionamiento de las instituciones en la actualidad. 

Para Luquegi Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y vocero del Consejo Académico de la Alma Máter, el artículo 86 definió algo que, en su momento, fue muy importante: obligar a los entes territoriales a hacer aportes ordinarios cada año a las universidades públicas, denominado como base presupuestal, lo que se traducía en que cada año el aporte tenía que ser al menos el mismo que se hizo el año anterior de manera ordinaria. 

«Esa norma en su momento fue muy importante porque hasta antes de la Ley 30 del 92 las universidades no tenían certeza de cuánto dinero les correspondía en el presupuesto de los entes territoriales», afirmó Gil Neira. Desde entonces ya han pasado 30 años y los gastos de funcionamiento y las obligaciones de las universidades en materia de salarios de la planta docente, investigación, cobertura, entre otros rubros, han crecido por encima de los aportes ordinarios. 

En esos artículos el Congreso de la República de la época estableció que el indicador de transferencia de las universidades públicas era el índice de precios al consumidor —IPC— y, según Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, las universidades han demostrado que desde que se sancionó la Ley han crecido 5 puntos por encima de lo que el Estado les transfiere y «eso equivale a 3,5 billones de pesos en recursos que hemos dejado de recibir», expresó.  

Afirma el presidente del SUE que el 49 % del presupuesto con el que funcionan las universidades públicas de Colombia lo generan ellas mismas a través de las matrículas de pregrado, posgrado, cursos, seminarios, diplomados y las actividades de extensión que realizan a través de los centros e institutos, entre otros. Es decir, ellas ponen toda la capacidad científica que poseen para generar esos ingresos extras que son necesarios para apalancar el funcionamiento. 

La realidad cambió 

A partir de la Ley 30 quedó claro que el presupuesto tendría que ser por lo menos igual al del año anterior de aportes ordinarios.

John Mario Muñoz Lopera, profesor de la Facultad, quien participó en la Mesa amplia de negociación de la movilización del 2018, anotó que la Universidad creció en posgrados, investigación, docencia, vinculación e infraestructura con el mismo presupuesto de 1992, por lo tanto, los artículos 86 y 87 tienen que estar a tono con la realidad financiera de las universidades públicas hoy. «Lo que ingresa a la UdeA —por ingresos corrientes de la Nación— apenas es el 48 % del presupuesto que necesita, la Universidad debe conseguir el otro 52 % a través de oferta de servicios de extensión»

En 2018 las directivas de las universidades hicieron este reclamo al Ministerio de Educación Nacional del actual Gobierno de Iván Duque, que fue acompañado por movilizaciones ciudadanas en las que participaron profesores y estudiantes y se logró un acuerdo para aumentar, de manera significativa, los recursos destinados a la base presupuestal de las universidades. 

Este acuerdo incluía un aumento adicional al que se realiza del IPC tradicionalmente y se estableció de la siguiente manera: en 2019 fue de 3.5 %, en 2020 de 4 %, en 2021 de 4.5 % y en 2022 de 4.65 %, y hasta la fecha se ha cumplido sin ningún inconveniente. 

«Logramos que se incorporara en el Plan de Desarrollo del gobierno de Duque la modificación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30; y esperábamos que el incremento fuera una política de Estado —que la Ley se modificara a través del Congreso de la república— y no una política de gobierno —que termina este año—. Eso no se va a cumplir», anotó el profesor Muñoz Lopera.  

En ese sentido el rector de la Universidad de Córdoba manifestó que es preocupante la situación porque en 2018, con el acuerdo, se reconoció la situación deficitaria de las universidades públicas y por eso se dieron los recursos adicionales, «pero llegan hasta este 2022. Si no hay una continuidad de los recursos adicionales que hemos recibido estos cuatro años la universidad pública entra en un estado de inviabilidad financiera nuevamente», dijo. 

Proyecto de reforma 

Existe un borrador de reforma de la Ley que fue construido por los vicerrectores administrativos que hacen parte del SUE que incluye una propuesta metodológica de cómo medir los incrementos de los aportes, y otras normativas, muy específicas, de cómo debería quedar la redacción de los artículos 86 y 87. 

«Si queremos cambiar ese indicador de transferencia hay que modificar esos dos artículos. Con base en estos argumentos y la realidad de contexto diseñamos desde el SUE un proyecto de reforma, en donde cambiamos el indicador de transferencia, que es el IPC, por el "índice de canasta educativa" que establece el Dane, el cual permite que los recursos que transfiera el Estado a las universidades públicas sean correspondientes al crecimiento institucional», afirmó Jairo Torrés. 

En el documento Agenda para el debate: Prioridades en educación superior de Colombia para los próximos cuatro años, que publicó el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia en marzo de 2022, expresan que la discusión sobre la financiación de la educación superior pública no puede reducirse a lo que se ha denominado «matrícula cero», pues si bien consideran que es una iniciativa muy valiosa y contribuye al acceso de los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 a la educación superior, esta no tiene efecto en las finanzas de las universidades. 

«Por cada estudiante, la Universidad recibe exactamente el mismo valor de la matrícula. En otras palabras, ya no será el bolsillo de las familias el que pagará la matrícula, sino el bolsillo del Estado, pero para las universidades públicas el valor recibido por matrículas será el mismo que recibían antes de la expedición de la Ley de Inversión Social —sancionada en septiembre de 2021 y que buscaba recaudar 15,2 billones de pesos para los programas de inversión social del Gobierno de Duque—, sin tener en cuenta el costo real por estudiante admitido. Sin contar que ese costo resulta ser mucho más alto del que se cobra actualmente, pues la forma como se hace la liquidación de la matrícula tiene en cuenta asuntos propios del estudiante —su estrato económico y lo que pagaba en su colegio, por ejemplo— y no lo que le cuesta a la institución atender a cada estudiante», dijo el Consejo. 

En esta coyuntura es importante entonces que sea discutido el proyecto de Ley que elaboró el SUE. «Este es un proyecto de Ley que ya hemos socializado, que ha generado el mayor consenso posible entre los actores del sistema educativo superior y que esperamos radicarlo en la próxima legislatura del Congreso que fue elegido el pasado 13 de marzo», afirmó Torres Oviedo. 

El Consejo Académico de la UdeA lo considera un tema prioritario en la agenda gubernamental del próximo cuatrienio, pues es necesario para que se puedan enfrentar exitosamente los desafíos en cobertura, calidad y crecimiento en el marco de un proyecto nacional en el que la ciencia y la diversidad de saberes cumplen un rol fundamental. 

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