Opinión

Si partimos de que la seguridad se refiere a la mitigación de amenazas a ciertos valores u objetos preciados para una comunidad, podríamos hacer un breve recorrido por la historia política en Colombia a partir de las promesas de seguridad que han hecho sus gobiernos. Por ejemplo, con las administraciones del Frente Nacional, de la mano de la Doctrina de la Seguridad Nacional, esa promesa se refirió al combate de la subversión encarnada en el comunismo y su carácter amenazante a la democracia occidental; varía un poco en sus contornos esa promesa, finalizando los años 80s y comenzando la década de los 90s) con la Doctrina de la Seguridad Ciudadana, que planteó una guerra al crimen organizado, y en especial al narcotráfico; y, con la Política de Defensa y Seguridad Democrática, de los gobiernos de Uribe Vélez, la promesa giró en torno a la derrota del terrorismo. Ahora el gobierno Petro hace una nueva promesa: la Paz Total, esta vez soportada en el concepto de Seguridad Humana.

Independientemente de la manera como se le adjetive a la seguridad (nacional, ciudadana, democrática), sus promesas generan sospechas, evocan peligros de usar recurrentemente prácticas que deberían ser excepcionales, hacen pensar en controles policiales y militares, y, en general, hacen pensar en guerra (contra el comunismo, contra el narcotráfico, contra el terrorismo). Por eso, es razonable hacer preguntas ahora que el Gobierno Nacional dice, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que el enfoque con el que se piensa proveer seguridad es el de Seguridad Humana. Así lo entiende cuando habla de “Paz Total” en el proyecto que pretende reformar la ley 418 o ley de orden público. En su artículo 2º este proyecto señala:

El Estado garantizará la seguridad humana para la construcción de la paz total. Para ello, promoverá respuestas centradas en las personas y las comunidades, de carácter exhaustivo y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen la protección de todas las personas y todas las comunidades. Asimismo, reconocerá la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humana.

Convendría, en primer término, precisar qué implica garantizar o proveer seguridad humana en términos de: 1) las estrategias que se despliegan para su provisión 2) los intereses que protegería de manera prevalente y 3) quiénes serían los responsables de su provisión.

Las estrategias, como en otros enfoques de seguridad incluyen labores preventivas y reactivas. Las primeras pretenden enfrentar posibles causas estructurales que están en la raíz de los asuntos normalmente reconocidos como problemas de seguridad (la comisión de delitos como el hurto o el homicidio, por ejemplo) y frente a los cuales la ciudadanía demanda acciones en el corto y mediano plazo que permitan mostrar mejoras tanto en la mitigación efectiva de esas amenazas (seguridad objetiva) como en la percepción ciudadana sobre su ocurrencia (seguridad subjetiva).

Respecto a los valores que se protegen, la seguridad humana se refiere al ser humano y no al Estado o el mercado, como otros enfoques. Desde esta perspectiva, la seguridad de las personas alude a un complejo conjunto de dimensiones que están interconectadas (por eso, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- se habla de dimensiones como la económica, salud, medio ambiente, política, personal, entre otras). Es decir, proveer seguridad humana implica al menos las siguientes cuestiones: 1) proteger los derechos de las personas, 2) emprender acciones que propendan por su bienestar, 3) fomentar el empoderamiento y resiliencia en las comunidades, y 4) avanzar en la construcción de paz.

En cuanto a los responsables de su provisión, a diferencia de lo que ocurría con otros enfoques, la seguridad humana no solo involucra a instituciones como la Policía o las Fuerzas Militares, sino a las diversas instancias que integran el Estado. Incluso reconoce que las mismas comunidades actúan para enfrentar de manera no violenta esas amenazas.

En suma, la seguridad humana es un enfoque útil en el plano de la crítica política, permite discutir con discursos hegemónicos y militaristas sobre la seguridad, pero genera interrogantes en el campo mucho más práctico, como por ejemplo:

¿Cómo espera responder a problemas coyunturales, que no por serlo son menos importantes (como la percepción de inseguridad, el control territorial por grupos armados organizados o el incremento de delitos como el hurto)?

Aunque la seguridad humana prioriza los problemas estructurales (de ahí el énfasis que pone en las labores preventivas), no se pueden desatender los problemas inmediatos. Por ello, cabría preguntar ¿qué acciones piensa adelantar el gobierno mientras resuelve las causas de orden mucho más estructural que estarían en la raíz de algunos problemas de inseguridad? Casos como los de Buenaventura, donde se han registrado enfrentamientos entre miembros de estructuras criminales o el asesinato de los 7 policías en el Huila, ponen en evidencia que la provisión de seguridad no sólo implica labores de prevención, requiere también acciones que respondan a problemas coyunturales que deberían conducir al control territorial por parte del Estado.

¿Cómo entiende el uso de la fuerza el enfoque de seguridad humana?

Aunque proveer seguridad humana implica acentuar el componente preventivo, el represivo persiste, aunque no se lo mencione. El Estado y el derecho con el que operan sus instituciones, son violentos en su origen. Parte de las preocupaciones del pensamiento político liberal reside en cómo limitarles, como ocurre con el derecho penal al que se entiende como última o extrema ratio, para significar que su uso será legítimo sólo de manera subsidiaria a otros mecanismos de control. Si hablamos de proveer seguridad, el uso de la fuerza no se puede simplemente eludir, porque quiérase o no, el Estado puede hacer uso de ellos y eso incluye a las instituciones que integran al sector seguridad.

En conclusión, la reciente promesa de seguridad humana de Paz Total está fundada en la idea del desarme de los grupos que hoy son responsables de gran parte de las violencias (incluido el homicidio). Avanzar en tal dirección exige acercamientos con dichas agrupaciones, así como atender otros factores estructurales que también parecen incidir en ciertos problemas de seguridad, como las condiciones de exclusión y desigualdad de muchos territorios. Pero caeríamos en un falso dilema (entre lo coyuntural y lo estructural) si entendemos que, bajo el pretexto de combatir problemas estructurales, se desatienden otros que no por ser coyunturales son menos importantes. Pensemos, por ejemplo, en algunos delitos normalmente asociados con la inseguridad ciudadana,  como homicidio, extorsión o hurto, o en situaciones relevantes para la seguridad pública, como el control territorial por grupos ilegales.  

Notas:

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