Opinión

En América Latina se buscó, siguiendo el modelo de la modernidad occidental europea, definir la relación entre el Estado y la sociedad en términos de un contrato social basado en un principio central: la aceptación política de la propiedad privada y la libre empresa, las cuales se garantizaban a cambio de una mayor participación social de las clases no propietarias en la prosperidad de la nación respectiva, que se basaban a su vez en una política social y unos acuerdos salariales medianamente satisfactorios. Este acuerdo encontró su expresión institucional en un pacto de solidaridad institucional y su expresión cultural en la democratización y la consiguiente expansión de las oportunidades de consumo, especialmente en aquellos sectores de las clases medias y altas.

Tras este contrato social, ajustado sistemáticamente a la política de los mercados, como lo había planteado el neoliberalismo, los gobiernos progresistas de América Latina, profundizaron la dimensión social, para lo cual buscaron que los miembros de cada sociedad no sean solamente ciudadanos con un estatus jurídico y políticamente activos, sino que también sean ciudadanos titulares de sus derechos sociales. El dispositivo de los derechos sociales comprende una serie de instituciones comunes y servicios ofrecidos a todos los ciudadanos, cuyo uso hace posible la práctica de la ciudadanía social, como son las escuelas y universidades públicas, el servicio de salud pública, el sistema social de pensiones, entre otros. Tanto en Chile, como en México, Ecuador y en Colombia se ha intentado en las dos últimas décadas transformar estas instituciones con el fin de que sirvan para un mejoramiento del nivel de vida de los más desfavorecidos en la sociedad.

Hoy, sin embargo, este contrato social se ha vuelto precario. A pesar de que los grupos económicamente más poderosos siguen aumentando su riqueza, las garantías de seguridad social y las promesas de progreso se han visto sacudidas en el seno de cada una de estas sociedades; la experiencia de condiciones de trabajo y de vida precarias no es en absoluto un fenómeno social marginal.

En la sociedad del descenso social, que es en la que vivimos, esas garantías de seguridad social se acabaron. La idea de una sociedad que experimenta un descenso social en la esfera del trabajo está acompañada de un profundo sentimiento de inseguridad entre amplios sectores de la población que deriva del auge de los movimientos neonacionalistas y de ultraderecha en los Estados Unidos y Europa, los cuales están impactando de manera muy fuerte también en América Latina, como sucedió con los triunfos electorales de Milei, Bukele y Novoa, y que pretenden llegar al poder en Bolivia, Chile y Colombia.

Además, fenómenos como el cambio climático y la migración muestran que estas sociedades también están experimentando actualmente una erosión de las condiciones para su reproducción estable. Básicamente conocemos lo que esto significa para las regiones afectadas: sobreexplotación de la mano de obra y de los recursos naturales, trabajo infantil, migraciones forzosas, vulneraciones de los derechos humanos.

La ultraderecha se siente hoy políticamente empoderada y busca volver a imponer el modelo neoliberal para poner fin al compromiso entre la democracia y el capitalismo y poder así tener el poder necesario para hacer valer sus ideas sobre la forma que debe adoptar un nuevo ciclo de acumulación del capitalismo en el marco de un modelo posneoliberal de sociedad. El neoliberalismo intentará así proyectarse en todas las esferas de la vida social, buscando básicamente el desmonte de las instituciones de protección y garantía de los derechos sociales y la progresiva mercantilización de la política social.

¿Cómo se puede resolver esta tensión entre las pretensiones de una derecha neoliberal que busca conservar las estructuras de poder existentes y una forma de organización de la sociedad que haga posible transformar las estructuras del poder político y económico mediante la ampliación de la democracia a las esferas social y económica?

Las propuestas de organización de la sociedad que ha hecho el neoliberalismo han sido conducidas estructuralmente por una dirección que, precisamente, no puede ser universalizada. La exclusión, la precarización de las condiciones del trabajo, la explotación, significan una vulneración fundamental de la idea de una legalidad universalizable.

La izquierda progresista tiene que ir más allá de sí misma si quiere ser una real alternativa de poder. Debe formular un modelo de sociedad que supere la estructura del bienestar entendido como una institucionalización de las relaciones de solidaridad social. Se trataría como propone Stefan Lessenich de cambiar las prácticas de solidaridad. Deben ser prácticas que no buscan reconstituir el acuerdo de solidaridad del estado del bienestar democrático industrial-capitalista —tras el ataque neoliberal—, sino trascenderlo. Serían prácticas solidarias basadas en una nueva narrativa esencial del estado del bienestar.

La transformación política que introdujo el modelo de bienestar social debe conducir en el sur global a una segunda gran transformación: cambiar las estructuras del poder político y económico mediante la ampliación de la democracia a las esferas social y económica. Algunos elementos básicos de una radical transformación de la sociedad serían: desde una revisión del régimen del comercio mundial que acabe con los privilegios de las economías del centro hasta un contrato social global para retardar el cambio climático o una paliación igualitaria de sus consecuencias. «En resumen, tal reforma desembocaría en una política consecuente de la doble distribución, tanto a escala de las sociedades nacionales, como a escala de la sociedad global, de arriba abajo y de dentro a afuera, que haga posible un cambio fundamental del sistema social de oportunidades desiguales en la vida» (Lessenich).

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• Esta columna fue publicada en el sitio web de La Silla Vacía

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