Opinión

Cuando el Congreso deje hundir la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, lo que se pierde no es simplemente una iniciativa legislativa, sino la posibilidad de discutir en serio la sostenibilidad de la educación superior pública. Y aquí el movimiento profesoral falló, no logramos articular una presión social sostenida, ni tejer alianzas reales con el estudiantado, ni salir del círculo vicioso de la queja gremial local.

La indignación legítima frente a la desfinanciación crónica se ha canalizado en gran medida hacia el señalamiento de la administración central. El problema es que, mientras se concentran esfuerzos en destituir o desgastar a un rector, se desperdicia la posibilidad de construir una agenda transformadora de largo aliento. El adversario real no es un individuo, sino un modelo de universidad sometido a la lógica de la austeridad, dependiente de transferencias insuficientes y de la consecución de recursos propios inciertos.

Y con ello no se pretende desconocer que los rectores, tanto en el pasado como en el presente, cargan con una cuota significativa de responsabilidad. Si bien han debido enfrentar condiciones estructurales de desfinanciación y presiones externas que limitan su margen de acción, también es cierto que en muchos casos ha prevalecido la falta de liderazgo estratégico, la toma de decisiones de corto alcance y la tendencia a privilegiar el cálculo político o la gestión rutinaria. Estas prácticas, lejos de contribuir a la superación de la crisis, han terminado por profundizarla. En lugar de convocar a la comunidad académica en torno a un proyecto común de transformación, en ocasiones se ha optado por administrar la escasez y evitar confrontaciones abiertas con el Estado, lo que ha debilitado la capacidad institucional para incidir de manera decisiva en la construcción de una política universitaria de largo aliento.

Mientras tanto, en el Congreso el Proyecto de Ley 212 de 2024 «Por el cual se modifica parcialmente el capítulo V del Título III de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones», se hunde en la indiferencia política. Su trámite avanza a paso de tortuga, no porque falte diagnóstico, todos sabemos que la universidad pública está desfinanciada, sino porque no hay voluntad política para asumir el costo de una reforma de fondo. Lo más grave es que, frente a esta parálisis, el movimiento profesoral no ha logrado sostener una movilización que ponga la educación superior en el centro de la agenda nacional y que nos posicione como un actor político capaz de disputar la orientación de la política educativa del país.

La Universidad es un patrimonio público, un bien común, un espacio donde se juega la posibilidad misma de construir un país con justicia social. Para defenderla, necesitamos un movimiento profesoral que construya un proyecto colectivo y transformador. La crisis estructural exige mirar más allá, repensar la financiación, defender los derechos laborales como parte integral de la calidad académica y movilizar a la sociedad en torno al valor de la educación superior pública. Lo que está en juego es su sostenibilidad como patrimonio público y su capacidad de seguir cumpliendo la misión de formar profesionales, producir conocimiento y aportar al desarrollo social.

Necesitamos también un MEN que asuma con decisión el compromiso de garantizar la financiación estructural, en lugar de limitarse a medidas de intervención a una universidad en crisis, que se presenta como un salvamento, pero que puede terminar consolidándose más como un mecanismo de control político que como una estrategia de fortalecimiento institucional. 

Y es que la intervención que pretende el MEN a la UdeA no resuelve el problema esencial: la desfinanciación estructural. Se habla de planes de mejoramiento, de acompañamiento técnico, de reorganización administrativa, pero no de garantizar recursos permanentes, de defender la autonomía universitaria o de transformar el marco normativo que condena a las universidades a competir por migajas presupuestales. 

La intervención se convierte, en la práctica, en una camisa de fuerza que limita la autonomía, desplaza las decisiones de los órganos de gobierno universitario y reduce la universidad a una empresa que debe cuadrar balances, sin importar que eso signifique precarizar aún más al profesorado o reducir la investigación y la extensión.

Finalmente, es importante anotar que la crisis de la universidad pública es producto de múltiples responsabilidades: del Gobierno por su improvisación, del Congreso por su indiferencia, del MEN por su parálisis, de los rectores por su falta de liderazgo y de un movimiento profesoral que no ha logrado trascender la crítica coyuntural local. Si no recuperamos la capacidad de acción colectiva, la universidad pública seguirá agonizando y cuando eso ocurra, no bastará con señalar a un rector o al gobierno de turno, sino a toda una generación de profesores y profesoras que no supimos estar a la altura del reto histórico. Al final, ¿el silencio colectivo será más ensordecedor que cualquier consigna por la educación superior pública?
 

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