Sociedad

Durante el 2025 la coyuntura financiera de la Universidad de Antioquia, como se tenía previsto desde finales del 2024, ha sido desafiante y ha implicado para la institución acciones inmediatas del orden interno —a través de sus dependencias administrativas y unidades académicas—; gestiones que buscan el respaldo de instancias gubernamentales y legislativas, así como de aliados públicos y privados; y, también, conversaciones, debates profundos y espacios internos de reflexión sobre los impactos que esta compleja situación coyuntural supone en la comprensión de la institución a la que estábamos adaptados, y las reconfiguraciones y cambios que ha implicado en diversos ámbitos institucionales y también en el tejido humano, esa comunidad universitaria que sustenta el espíritu y las misionalidades de la Universidad. 

En el contexto del año que culmina, a la fecha del presente comunicado, la Rectoría de la institución comparte con la comunidad universitaria y la sociedad el estado de algunas situaciones relacionadas con la dinámica financiera de la Universidad en el 2025 y que son claves en el cierre del año en mención:

1. El 26 de noviembre del año anterior el Consejo Superior Universitario —CSU— aprobó el Presupuesto General de la Universidad de Antioquia para la vigencia fiscal 2025. En ese marco, la Vicerrectoría Administrativa y su División de Gestión Financiera habían proyectado que, probablemente, la Universidad necesitaría cerca de 180 000 millones de pesos para cerrar el año. Al día de hoy, sin embargo, y producto de múltiples acciones de contención del gasto y modificaciones en la forma de gestión de este, la cifra está calculada en 135 000 millones.

2. La Universidad respondió positivamente a sus compromisos crediticios. En el conjunto de acciones que ha implementado la institución para garantizar su sostenibilidad en el corto plazo —y con previa autorización del CSU—, en noviembre del 2024 suscribió un contrato de crédito de tesorería con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia —Idea—, por 90 000 millones de pesos, «única y exclusivamente para cubrir insuficiencia temporal de caja». Los recursos fueron desembolsados el 21 de noviembre del 2024 y utilizados por la institución para cumplir con sus compromisos de nómina y otros durante la temporada de fin de ese año. En el curso del 2025 la institución cumplió a cabalidad con el pago de este crédito y, a la fecha no tiene ninguna deuda por ese concepto.

3. Como parte de las acciones planteadas para enfrentar la coyuntura financiera actual, la administración intensificó las gestiones para la venta de bienes de propiedad de la Universidad y que no tienen uso misional. Se trata de un conjunto de lotes urbanos y rurales, oficinas y locales, que desde 2017 cuentan con el aval del CSU para su venta. En este ámbito, en septiembre del 2025, la institución concretó la negociación de una parte del predio conocido como El Progreso —en el municipio de Barbosa—. Los recursos por esta venta se acercan a los 34 000 millones de pesos que ingresaron entre octubre y noviembre, y con los cuales la Universidad atendió obligaciones de esta vigencia.

4. Según lo dispone la Ley 30 de 1992, la Nación y el Departamento de Antioquia deben destinar recursos para el funcionamiento de la Universidad. En 2025 ambas instancias —el Gobierno nacional y la Gobernación—, han venido realizando las transferencias de los montos determinados por los artículos 86 y 87 de dicha ley. Pese a ello, como se ha planteado en múltiples ocasiones y desde tiempo atrás por el Sistema Universitario Estatal —SUE— y nuestra Universidad, los recursos trasladados —definidos en una ley de hace 33 años— siguen siendo insuficientes para cubrir los costos de funcionamiento que hoy exige una universidad como la Alma Máter. Por lo menos en los últimos seis años la institución ha venido cubriendo con sus propios recursos aproximadamente el 27 % de esos gastos de funcionamiento.

5. El pasado 24 de septiembre del 2025 la plenaria del Senado de la República aprobó, en segundo debate, el proyecto con el que se busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la médula de la financiación estatal de las instituciones de educación superior. Actualmente, dicha reforma avanza en la Cámara de Representantes. Desde la UdeA hay gran motivación y expectativa para que este trámite llegue a buen término, sin embargo, de lograrse, es necesario advertir que su impacto real en los recursos que se le transferirían a la institución, muy probablemente se verá reflejado hasta el 2027, dado que requerirá de procesos complementarios como la sanción presidencial y su implementación.

6. Como se expresó en el punto 4, un porcentaje significativo de los gastos de funcionamiento de la Universidad es solventado por la misma institución. Para ello se hace uso de los «fondos especiales», constituidos por los recursos que recibe la Universidad para el desarrollo de proyectos de extensión a través de convenios y contratos, así como la venta de servicios. En el 2025 el recaudo de estos recursos se proyectó en 438 000 millones de pesos y, al 31 de octubre pasado, este rubro había llegado a 354 000 millones. Es de advertir, sin embargo, que de estos recursos la Universidad destina casi la totalidad a la ejecución de tales proyectos y solo percibe, a lo máximo y en promedio, un 6 % por la administración de los mismos, que es destinado a cubrir gastos de funcionamiento de la institución.

7. En coherencia con lo expuesto en el punto 1, previendo la necesidad de suplir los compromisos durante la temporada de fin de este año, el Consejo Superior Universitario autorizó el endeudamiento hasta por 54 000 millones de pesos, el cual hizo posible que se gestionaran dos créditos, uno por 40 000 y otro por 14 000 millones, recursos que están siendo utilizados para cubrir los conceptos de nómina y otros.

8. Durante el año la administración de la Universidad ha promovido y participado de diferentes espacios de diálogo, análisis y construcción de estrategias para la sostenibilidad financiera de la institución. De ellos destacamos diferentes encuentros con ministerios e instancias del Ejecutivo nacional, con representantes y comisiones del Legislativo y entes regionales y locales; también, la participación en la comisión accidental creada por la Asamblea Departamental de Antioquia para hacer seguimiento a la coyuntura financiera de la Universidad; y la deliberación permanente en el Consejo Nacional de Rectores del SUE.

9. Pese a la coyuntura financiera, es de resaltar también que mes a mes, durante el 2025, la Universidad atendió con oportunidad los compromisos de nómina y prestaciones sociales de docentes y empleados administrativos. En este aspecto solo se presentó una eventualidad en mayo del 2024, cuando se retrasó en algunos días el pago de los salarios más altos de la institución. La administración de la Universidad comprende este compromiso como un asunto prioritario y sustancial para el tejido de su recurso humano.

La Rectoría ratifica su compromiso para seguir actuando con acciones focalizadas en el ámbito interno y externo, que contribuyan con la sostenibilidad financiera de la Universidad. Como revela la lectura en su conjunto de los aspectos expuestos anteriormente —pese a la valoración positiva en algunos de ellos— es evidente que la institución continúa enfrentando desafíos importantes en la liquidez que requiere para atender este cierre del 2025. 

Dicho flujo de liquidez está sujeto a la llegada de los recursos que recibe la institución, razón por la cual en las últimas semanas el Consejo Superior Universitario y la Rectoría —a través de la Vicerrectoría Administrativa—, han venido analizando escenarios para garantizar el pago de la mayoría de los compromisos del cierre financiero del año. 

Como es bien sabido por la comunidad universitaria, las condiciones de cierre de los años anteriores permitieron que algunos conceptos de nómina habituales en este periodo se atendieran de manera inmediata, y en algunos casos anticipadamente, al inicio del periodo de vacaciones de fin de año. Sin embargo, en vista del estado de liquidez actual, es posible que esa expectativa no pueda atenderse de la misma manera. De presentarse esta novedad, que se encuentra en  análisis para informarla debidamente, invocamos la comprensión de aquellos docentes y empleados administrativos que no sean priorizados, a quienes les ratificamos que se buscarán los mecanismos para menguar dicha situación, reconociendo lo significativo que representa el periodo de fin de año para nuestros servidores, servidoras y sus familias.

Rectoría
Universidad de Antioquia
3 de diciembre del 2025
Comunicado: R3U4A6