Opinión

«Más de 3000 puntos de atención de Súper Giros cerrados en Cesar, Sucre y Bolivar», informan de manera tímida algunos medios de comunicación, nacionales y regionales, pero detrás de este dato un poco pobre, hay una realidad mucho más compleja de lo que simplemente algunos han catalogado como «una situación insostenible para la empresa privada».

Hace varios días, por medio de este mismo espacio, a través del cual he podido depositar mi opinión frente a diferentes temas, expuse la situación a la que se ha tenido que enfrentar el municipio de Sampués, en el departamento de Sucre, desde hace varios años, por cuenta de la presencia y dominio territorial del muy conocido Clan del Golfo o «Ejercito Gaitanista de Colombia», —como ha pretendido llamarse con el fin de obtener un estatus político que le permita desmarcarse de las dinámicas neo paramilitares que encarnan y en el mismo sentido poder buscar una salida negociada de la ilegalidad—. En aquella ocasión a la luz de este caso, traté de explicar las dinámicas de gobernanza criminal que por cuenta del dominio territorial de este actor armado se configuran a lo largo del país, explicación que gracias a la compleja situación que hoy vive la costa caribe en algunos de sus departamentos vale la pena retomar.

Hace algunas semanas, como algunos ya sabrán, el grupo armado ilegal, actualmente más grande y poderoso de Colombia, el Clan del Golfo, asesinó de manera cobarde a una joven trabajadora de la casa de apuestas y giros Súper Giros, en el municipio de Bosconia, Cesar. Del motivo de este asesinato, muy poco se habla y se conoce, pero es un secreto a voces, que el principal motivo es el no pago de extorciones por cuenta de esta entidad, lo que ha prendido tímidamente las alertas en la opinión pública nacional, pues para muchos el hecho de que una empresa privada deba someterse a este tipo de constreñimientos es algo inaceptable. Pero, más allá de una simple represalia contra la empresa privada que se niega a pagar las extorsiones de un grupo armado ilegal que los gobiernos nacionales y locales deberían combatir, esta situación nos permite observar, un fenómeno grave y silencioso, que trasciende el espacio de lo cotidiano y pone de manifiesto la capacidad de los grupos armados ilegales para imponer su control sobre sectores fundamentales de la economía formal y la vida diaria de los ciudadanos. Lo que hoy ocurre con Súper Giros, no es un simple caso más de extorsión, es el reflejo de cómo el Clan del Golfo, con el afán de seguir alimentando sus arcas de las rentas criminales, que al día de hoy se quedan cortas con el microtráfico y el narcotráfico, reafirma su capacidad de acción y poderío a través de este tipo de dinámicas, ratificando así la  gobernanza criminal que ha logrado imponer, fenómeno con el que ha logrado construir un sistema paralelo que regula las actividades económicas, sociales y políticas a lo largo del país, especialmente en los 316 municipios en los que tienen presencia. 

Este fenómeno, que ya se había señalado en municipios como Sampués, se extiende ahora de forma más agresiva hacia actores del sector privado, afectando no solo la estabilidad de las empresas, sino también el acceso de las comunidades a servicios esenciales como el envío de remesas y el pago de subsidios estatales.

El asesinato de la joven trabajadora en Bosconia no es un hecho aislado, es un mensaje deliberado, diseñado para sembrar miedo y reafirmar el poder del Clan sobre quienes se atrevan a desafiar sus imposiciones económicas y sociales, lo que evidencia un problema estructural mucho más profundo, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y el libre desarrollo de actividades legales en territorios donde los grupos armados ejercen un control efectivo. La coacción económica que enfrentan hoy empresas como Súper Giros, no solo vulnera sus derechos, sino que también afecta gravemente a las comunidades locales, que dependen de estos servicios para subsistir y más allá, se ven sumergidas en un nuevo episodio de violencia que afecta el desarrollo normal de su cotidianidad.

Lo más alarmante de esta situación es el silencio con el que se ha manejado, si bien los cierres de puntos de atención y las amenazas a sus trabajadores han generado cierta atención mediática, no se ha abordado la raíz del problema, la cual radica en la ausencia estatal y la falta de una estrategia integral para desmantelar el modelo de poder que el Clan del Golfo ha consolidado. Este modelo no solo se basa en la violencia física, sino también en una violencia simbólica, materializada mediante las dinámicas ya mencionadas, que obliga a comunidades y empresas a adaptarse a sus reglas, bajo la amenaza de represalias, que con el ejemplo de Súper Giros, vemos que solo cobra la vida de personas inocentes.

Es lamentable, que deban suceder casos como el que hoy vemos para darnos cuenta de que este tipo de situaciones son síntoma de un Estado que no ha logrado garantizar su soberanía en las diferentes regiones del país. Mientras el Clan del Golfo continúe operando con impunidad, utilizando estrategias de terror y control económico, con el beneplácito del Gobierno nacional, bajo el pretexto de la paz total, y quien sabe bajo qué tipo de compañía de los gobiernos locales; las comunidades y los diferentes sectores de la sociedad seguirán siendo rehenes de una dinámica donde la legalidad es sustituida por un régimen paralelo de violencia y miedo. Es momento de que el Estado colombiano, en todos sus niveles, especialmente desde el Gobierno nacional que actualmente se abandera con la pacificación total del país, deje de reaccionar de manera tímida y se comprometa con una intervención integral que no solo persiga a los actores armados, sino que también garantice seguridad y oportunidades económicas para las comunidades que viven bajo su yugo, porque, al final, lo que está en juego no es solo la estabilidad de una empresa privada, sino la integridad de la ciudadanía y la oportunidad que podrían o no tener las mismas de desarrollarse libremente, lejos del constreñimiento de este tipo de actores.
 

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