Opinión

El 28 de mayo de 1984 —hace cuarenta años—, se firmó en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, el primer acuerdo de paz con los grupos insurgentes colombianos. Este fue un pacto político de cese al fuego y de hostilidades, firmado entre la Comisión de Paz asesora del gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Farc-EP—.

Aunque el alcance de este primer tratado de paz dista millones de años luz de lo que sería el Acuerdo Final firmado con la misma agrupación tres décadas después, en 2016, este representa, en la historia de los procesos de paz, un hito fundacional de las negociaciones políticas entre el gobierno y los grupos armados insurgentes en Colombia.

La importancia del Acuerdo de La Uribe, que se estructuró en 10 puntos y ocupó una cuantas páginas —redactadas a máquina por la periodista Margarita Vidal, una de las integrantes de la Comisión de Paz de Belisario Betancur (ver imagen 1)—, se puede resumir en tres grandes componentes.
Foto: Instantes de paz. Cortesía El Espectador. 

El primero fue la promesa que hubo entre las partes de ejecutar labores luego de la firma. Por un lado, las Farc-EP se comprometieron con el Gobierno y el país a iniciar «a partir del 28 de mayo de 1984, a las 00:00 horas», un cese al fuego. Igualmente, parar los «demás operativos militares a todos sus frentes en el país» —punto 1 del Acuerdo—.

También, en el punto 2, las Farc-EP se comprometieron a acabar con las prácticas terroristas, a «condenar y desautorizar nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas» y a avanzar para que no se den acciones que atenten «contra la libertad y la dignidad humana». 

Por el otro, el Gobierno se comprometió a gestionar varias reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada —punto 8 del Acuerdo—. Todas ellas acciones que, según el gobierno de Betancur, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del conflicto.

El segundo componente fue la promesa del Estado a la guerrilla de poder participar en política. En el Acuerdo se estableció que los integrantes de las Farc-EP podrían «organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión» y, además, que el Gobierno les otorgaría «de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes».

Promesa que se materializó unos meses después con la conformación de la Unión Patriótica —UP— y que permitió la participación en política de varios miembros de las Farc-EP. Una organización legal que durante varios años logró competir con relativo éxito por los puestos de elección popular, como las alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, el Senado y Cámara y la Presidencia de la República.

Finalmente, el tercer asunto importante fue avanzar, por primera vez, en la creación, desde el inicio de la firma del Acuerdo, de una organización que se encargaría de verificar que todas las disposiciones establecidas en él se cumplieran. Estructura organizativa que quedó indicada en el punto cuarto con la Comisión Nacional de Verificación. 

Esta, según comunicación presidencial del 27 de septiembre de 1984, se creó dos días después de la firma del Acuerdo y estuvo compuesta por 43 miembros y ampliada posteriormente con diez miembros más. Funcionó en Bogotá, pero dada la complejidad de las tareas, se les permitió el traslado a algunos sitios del país.

Además, tuvo a cargo varias subcomisiones de verificación, en lugares estratégicos y con presencia de las Farc-EP, como en Florencia, Caquetá; Vista Hermosa, Meta; Barrancabermeja, Santander; Saravena, Arauca; Santa Marta, Magdalena; Medellín, Antioquia; Neiva, Huila; Orito, Putumayo; y Cali, Valle —punto 5 del Acuerdo—.

En conclusión, el Acuerdo de La Uribe —a pesar de no contar con un reglamento de cómo, cuándo y dónde negociar, y de que solo se realizaron dos reuniones para su construcción— se estructuró con los componentes necesarios para todo pacto de paz —ver imagen 2—.

En él se fijaron tareas para todas las partes, se asumieron los compromisos sustantivos que apuntaban a generar las transformaciones que se consideraban esenciales para la terminación del conflicto y, finalmente, se pensó en una estructura organizativa que debe velar por su cumplimiento de lo pactado.

Foto: Instantes de paz. Cortesía El Espectador.

De allí, que este acuerdo de paz se haya convertido en el abuelo de los tratados de paz con la insurgencia colombiana. De él se desprendieron los acuerdos firmados con el M-19, el 24 de agosto, en Corinto, Cauca, y en El Hobo, Huila; con el Ejército Popular de Liberación —EPL—, el 24 de agosto, en Medellín; y con la Autodefensa Obrera —ADO—, el 30 de agosto, en Bogotá. Además, consiguió convertirse en el faro para la elaboración de otros acuerdos de paz.
 

• Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

• Esta columna fue publicada en el sitio web Pares, el 20 de mayo de 2024. 

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Notas:

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