La reciente evaluación negativa realizada por el Consejo Superior Universitario —CSU— al Rector de la Universidad de Antioquia ha reavivado un debate de fondo: ¿qué significa evaluar la gestión de un rector y cómo debe orientarse un plan de mejoramiento que surja de esa evaluación? No se trata simplemente de redactar una lista de compromisos reactivos, sino de entender que la rectoría, más que un cargo, es un punto de confluencia de tensiones institucionales, normativas, políticas y estratégicas.

Un verdadero plan estratégico de mejoramiento rectoral debe partir del reconocimiento de que la gestión del rector no se limita a los marcos del Estatuto General o del Estatuto Profesoral. Si bien estos documentos establecen funciones formales, lo cierto es que muchas de las obligaciones rectorales se derivan de fuentes no escritas pero vinculantes: delegaciones funcionales hechas por el CSU, compromisos tácitos con vicerrectorías y decanaturas, lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) —de horizonte decenal—, así como las exigencias del Plan de Acción Rectoral —PAR—, de vigencia trienal, que constituye la carta de navegación del rector en ejercicio, según lo dispuesto en el Estatuto General.

A ello se suman las demandas externas provenientes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los entes territoriales y las redes de investigación, innovación y transferencia tecnológica. El rector, en este contexto, no solo ejecuta: coordina, representa, negocia, lidera, articula y, sobre todo, responde.

Por eso, un plan de mejoramiento funcional no puede centrarse exclusivamente en aspectos genéricos como «fortalecer el liderazgo» o «mejorar la gobernanza». Estas son categorías vacías si no se conectan con los dominios reales de operación rectoral: gobernanza académica efectiva, gestión presupuestal con trazabilidad, seguimiento del cumplimiento del PAR, articulación con el PDI, delegación funcional eficiente y relaciones estratégicas con redes e instituciones externas. Cada uno de estos ejes exige indicadores verificables, responsables delegados, acciones calendarizadas y evidencia de impacto.

Sin embargo, ninguna acción de mejora podrá ser verdaderamente efectiva si no se reconoce que el rector opera en una arquitectura institucional compartida. El Consejo Superior Universitario no puede limitarse a evaluar sin también examinar su propia capacidad de planeación, decisión y acompañamiento. Las decisiones presupuestales, las demoras en la aprobación de proyectos estratégicos o la falta de coordinación interinstitucional también impactan negativamente la capacidad de gestión rectoral.

De igual forma, la duración limitada del periodo rectoral —tres años no renovables de forma inmediata— impone restricciones objetivas al logro de resultados estructurales. Evaluar sin considerar esta temporalidad, sin ponderar los factores de entorno y sin analizar el peso de los compromisos institucionales previos, conduce a valoraciones descontextualizadas que distorsionan la finalidad misma del control institucional.

El plan de mejoramiento debe entonces convertirse en un instrumento pedagógico, estratégico y de corresponsabilidad institucional. Su publicación, seguimiento y evaluación compartida fortalecerían una cultura universitaria más madura. Lo que está en juego no es solo la continuidad de un rector, sino la credibilidad de un modelo de gobierno universitario que debe ser capaz de autoevaluarse, corregirse y proyectarse con integridad, técnica y compromiso público.

En este contexto, la evaluación de la gestión rectoral debe asumirse no como un mecanismo punitivo ni como herramienta de desgaste político, sin como un instrumento técnico, legítimo y pedagógico para el fortalecimiento institucional. Cuando la evaluación carece de metodología explícita, de indicadores verificables y de participación colegiada, pierde su función formativa y se convierte en un acto opaco con efectos más destructivos que correctivos. Más aún, en medio de la crisis estructural que atraviesa la Universidad de Antioquia —financiera, institucional y de cohesión—, un verdadero plan estratégico de mejoramiento rectoral no puede limitarse a corregir la acción de una sola figura, sino que debe servir como oportunidad para que todos los actores de gobierno universitario —incluido el Consejo Superior Universitario— se repiensen colectivamente. Si se aspira a sostener un modelo de universidad pública con legitimidad, autonomía y proyección, el compromiso de mejora debe ser compartido, metódico y orientado a reconstruir confianza y horizonte.
 

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