Sociedad

Las universidades abajo firmantes reconocemos la labor que viene adelantando el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, para la formulación del proyecto de ley y la construcción de los acuerdos necesarios para el mismo. Además, manifestamos nuestra disposición de participar en el proceso de construcción colectiva de un proyecto de ley que reforme integralmente la Ley 30 de 1992, y llamamos al conjunto de las comunidades universitarias a sumarse al análisis y a hacer propuestas de actualización de esta Ley. 

Este proceso es una excelente oportunidad para consolidar a la educación como el motor del cambio social que el país anhela y para que la gestión del conocimiento diseñe caminos al futuro. Interpretar las necesidades actuales en su dimensión local, regional y nacional, con un enfoque en nuestro entorno global, es un reto central en la formulación de este proyecto.

Aceptamos y compartimos la convocatoria de mesas temáticas que analicen aspectos particulares de la Ley 30; sin embargo, hace falta reflexionar sobre el sistema en su conjunto, definir un horizonte común y establecer los vasos comunicantes de este con los demás sectores de la sociedad. La nueva ley de educación que surja de esta construcción colectiva debe poner en el centro al estudiante y su formación integral. Así ocurre en los mejores sistemas de educación del mundo, sistemas pensados para la formación a lo largo de la vida. Necesitamos un sistema más flexible, con entradas y salidas diversas, articuladas con los demás niveles educativos.

Entendemos la urgencia de crecer en cobertura responsable y de calidad, y la importancia de hacerlo garantizando la permanencia y la pertinencia. Reconocer las debilidades, así como las experiencias valiosas y los logros que el actual sistema ha acumulado en estas tres décadas es necesario para que la nueva ley de educación superior que se impulse a partir de esta reforma, se corresponda con los retos que acordemos afrontar como sociedad, en un entorno cada vez más globalizado.

La nueva ley deberá definir entonces un marco fundamental de principios, un marco que sea coherente, factible, centrado en la fundamental, y que incluya una estructuración del sistema con funciones y responsabilidades, sin dejarse llevar por la tentación de llegar al exceso de la reglamentación particular. La nueva ley de educación superior debe ser una auténtica política de Estado que contemple la gestión, la evaluación, la calidad y la inspección y vigilancia. Cumplir con este horizonte exige consolidar acuerdos en tiempos razonables, garantizando la participación de la pluralidad de actores del sistema, en diversos y continuos espacios, y la sistematización de los resultados de esa participación.

Es tan importante el papel que debe jugar la educación superior en la transformación de Colombia, que no podemos permitirnos el error de presentar un proyecto de ley sin la discusión, la legitimidad y la pertinencia que nuestra realidad nacional demanda. Es necesario contar con tiempos y garantías suficientes para que las comunidades de las instituciones de educación participemos adecuadamente. Las universidades tendremos que cumplir un papel fundamental en la construcción de este nuevo sistema. Reconocer el carácter autónomo, universal, científico y colegiado, y nuestra responsabilidad social, nos configura como agentes garantes de este proceso amplio, participativo y colectivo en el que debemos construir la reforma.

Es urgente avanzar en el trámite de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, un proceso que ha iniciado su trámite en el Congreso de la República y que, además de fortalecer financieramente a las instituciones, se convertirá en un logro y avance en pro de la consolidación del sistema de educación superior pública. La tranquilidad para funcionar en las vigencias futuras no limita que la reforma integral pueda adicionar nuevos recursos, mecanismos o criterios para el logro de los objetivos que acordemos para el sistema.  

Reconocemos el esfuerzo que vienen realizando organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales para presentar sus aportes a un proceso de construcción colectiva.  El camino de los acuerdos con la participación de todos los actores es el camino de la educación. Recorriéndolo en conjunto, con el compromiso, el esfuerzo y la voluntad de todas y todos, tendremos una propuesta estructural, legítima y realmente transformadora, antes de finalizar el presente año.

John Jairo Arboleda Céspedes
Rector Universidad de Antioquia

Dolly Montoya Castaño 
Rectora Universidad Nacional de Colombia

Edgar Varela Barrios
Rector Universidad del Valle 

Alejandro Álvarez Gallego
Rector Universidad Pedagógica Nacional 

Hernán Porras Díaz
Rector Universidad Industrial de Santander 

María Ruth Hernández Martínez 
Rectora Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Martha Sofía González Insuasti 
Rectora Universidad de Nariño