Opinión

En las últimas horas se ha conocido que un número cercano a los 16 niños, niñas y adolescentes han muerto por bombardeos de la Fuerza Pública colombiana,quienes habían sido víctimas de reclutamiento forzoso por parte de grupos armados ilegales, especialmente de las disidencias de las Farc. Esta situación ha desatado una discusión muy grande en el país sobre cuáles son las razones que explican este comportamiento del Gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, quien había rechazado tanto la realización por parte de otros gobiernos de este tipo de conductas, como que se realizara por parte de su gobierno, en instrucciones dadas a comienzo de su Gobierno de Petro.

Pueden existir tres razones de fondo que explican este cambio de conducta por parte del actual Gobierno nacional. En primer lugar, un cierto ambiente de frustración con el esfuerzo en torno a lo que se denominó la «paz total», dado que la mayoría de los grupos armados ilegales del país aprovecharon este proceso, fundamentalmente, para fortalecerse, y esto ha generado reclamos, insatisfacciones, y el propio presidente de la República ha terminado siendo el depositario de las principales demandas de corrección del rumbo.

En segundo lugar, es evidente que el tema de la seguridad se ha venido posicionando en la agenda electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia. Puede ser que el presidente Petro busca demostrar que la izquierda también puede tener una política de seguridad agresiva y de mano dura, y en esa medida se vuelven a imponer dinámicas que buscan presentar exitosos resultados operacionales contra los grupos que han traicionado los acercamientos propuestos por el gobierno en desarrollo de la política de Paz Total. Finalmente, puede incidir en esta decisión operacional de los bombardeos, la persistencia de la doctrina contrainsurgente que, en lo fundamental, no ha sido modificada, y que sigue considerando que hay ocasiones en las que se debe buscar, por encima de todo, bajas al enemigo, sin mayores consideraciones sobre la afectación a la vida de menores de edad enrolados forzosamente en las filas de los grupos ilegales.

Esta situación ha provocado un conjunto de debates sobre la vigencia y uso del derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. El Presidente ha puesto de presente la complejidad de las situaciones a las cuales se enfrentan en sus actividades operacionales la Fuerza Pública, pero esto no puede ocultar el debate sobre los procedimientos y las responsabilidades, de todo tipo, derivadas de los mismos. Por un lado, es prioritario dejar absolutamente claro que los grupos armados ilegales son los principales responsables de lo que ha pasado con estos niños, niñas y adolescentes, pues han cometido el grave crimen de guerra de reclutamiento forzado. Esto constituye una conducta que debe ser investigada y sancionada tanto por las autoridades colombianas como por parte de organismos judiciales internacionales. Pero, es evidente, también, que se está ante una grave infracción al derecho internacional humanitario por parte del Gobierno nacional y la Fuerza Pública, porque se desconocen principios esenciales del DIH como la proporcionalidad y el imperativo de precaución, con los cuales se busca finalmente la preservación de la vida cuando hay niños, niñas y adolescentes que puedan ser víctimas de los bombardeos.

Normalmente estas operaciones cuentan con investigaciones de inteligencia, según las cuales se identifica la estructura a ser atacada, los mandos que pueden ser objeto de estas acciones militares, y normalmente también se establece si hay niños, niñas y adolescentes, para con base en esa información valorar y ponderar la viabilidad de las acciones militares y su posible efecto sobre la protección de la vidas e integridad de los niños, niñas y adolescentes reclutados forzadamente. Desconocer estas consideraciones, constituye conductas que deben ser investigadas y sancionadas, penal y políticamente, involucrando tanto a los responsables intelectuales como materiales.

Finalmente, y no es un tema menor, es reprochable que sectores de la derecha colombiana hayan convertido esto en una oportunidad para mantener sus críticas al actual Gobierno. No tienen autoridad moral, política, ni ética para esta postura porque, en el pasado, se han justificado graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos, masacres, y desplazamiento forzado entre otras. Así mismo, han negado la existencia de un conflicto armado, negaron el estatus de víctimas durante mucho tiempo y solo hacen uso de este tipo de situaciones con base en fríos cálculos electorales, por lo cual también se debe condenar el uso politiquero que están haciendo de los cuerpos de los niños y las niñas.

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://acortar.link/JvENR2

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.