Opinión

El gobierno de Trump, a través del Departamento de Estado, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Para el gobierno de Estados Unidos el presidente Nicolás Maduro preside un gobierno que ha corrompido al Ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela. Según el gobierno de Trump, Maduro es el líder de una organización responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio al traficar drogas a Estados Unidos y Europa.

Una declaración de tal magnitud significa para el régimen de Maduro una manifestación de hostilidades, al igual que la recompensa de US$50 millones que ofrece el gobierno de Trump por el jefe del cártel de los Soles. La tensión ejerce un efecto sobre su contraparte. Maduro y sus copartidarios están exhibiendo poderío militar: «El Vietnam Latinoamericano», la pesadilla de la guerra de guerrillas, es declarada parte de la estrategia de la República en armas. Escenario en el que, como es sabido, la guerrilla del ELN, con presencia binacional especialmente en la frontera entre ambos países y con más de sesenta años de experiencia en ese tipo de guerra, entra a tomar protagonismo.

Evidencias débiles, efectos contundentes. El gobierno de Trump lleva la ofensiva. Sin embargo, las evidencias que dice tener para declarar que el gobierno de Maduro es un cártel de narcotraficantes y terroristas no tienen la solidez que suele acompañar casos similares basados, esos sí, en procesos rigurosos de investigación. Pero las pruebas o evidencias resultan irrelevantes. La acusación y, especialmente, la acción que se deriva de ella, así como el efecto político, hacen «desaparecer» la necesidad de justificar con suficiencia la existencia y la calidad de la posible evidencia. 

Si bien Venezuela no es el «paraíso» de los narcos, se ha convertido para el presidente Trump en un objetivo político. Y si para lograr sus objetivos conviene declarar a la cúpula de Maduro narcoterrorista, entonces la operación de «etiquetado» entra en juego. Sin embargo, la «etiqueta» narco necesita de condiciones para que pueda «pegarse». En el caso de Venezuela, no basta con la arremetida de Trump y las evidencias que dice tener, lo que más contribuye a que la etiqueta de narco funcione es el desgaste del régimen de Maduro y su creciente ilegitimidad. 

En la situación en la que se encuentra el gobierno venezolano, la irrelevancia de las pruebas está más justificada de lo habitual. Distintos sectores venezolanos, instituciones internacionales, entre otros, han sustentado los abusos de poder en manos de Maduro. Un punto de inflexión fue el fraude electoral de 2024. La oposición y los órganos internacionales que acompañaron el proceso electoral denunciaron el fraude a favor del régimen de Maduro. Gobiernos de orientación política cercana a Venezuela, como el de Chile, se sumaron a las voces de denuncia del fraude del gobierno bolivariano. 

La ilegitimidad del gobierno presidido por Maduro forma parte del ambiente propicio que debe profundizarse para presionar la salida o el fin del régimen actual en Venezuela. Por eso, que el gobierno Trump declare ahora al gobierno de Maduro narcoterrorista y que, con tal denominación quede Estados Unidos facultado para realizar operaciones militares contra él, supone un alto costo político que, al parecer, tendrá que pagar Maduro. No obstante, las hostilidades manifiestas en lo militar no son adversas a las negociaciones, por eso, los contactos y diálogos entre ambos gobiernos no se detienen, a pesar de las rupturas parciales y congelamientos. 

La llamada Trump-Maduro y la disputa por las condiciones de salida. A finales de noviembre de este año, distintos medios de comunicación confirmaron que el presidente de Estados Unidos había hablado telefónicamente con el dictador Maduro. Según los medios de comunicación, Maduro habría exigido tres condiciones para dejar el poder: primero, una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido; segundo, pidió mantener el control de las Fuerzas Armadas, y tercero, demandó un período de transición de dos años. Estas exigencias fueron rechazadas por la Casa Blanca.

Que el presidente Trump haya hablado directamente con Maduro reafirma que la etiqueta de narco, con las acciones que de ella se desprenden, funciona, es un arma política y militar. 

Tal conversación, hasta el momento, no ha sido cuestionada. A diferencia de lo que ocurrió con los diálogos del presidente de Colombia con organizaciones dedicadas al narcotráfico. El mismo Trump utilizó, como parte de su argumentación para incluir a Petro en la lista Clinton, los acercamientos del gobierno del cambio con ese tipo de organización. El presidente Trump sí puede hablar con el dictador que él mismo denominó narco y no hay mayor alboroto en la opinión pública. 

El gobierno de Trump ha mostrado con crudeza —sin diplomacia— que la política antidrogas de su país es útil para combatir todo aquello que Estados Unidos considere narcotráfico. Los usos políticos de la política antidroga, que incluye la potestad autoadquirida del gobierno estadounidense para certificar y descertificar a los países en la guerra contra las drogas, ha sido una estrategia de intervencionismo e injerencia en la política de otros Estados. 

¿La ofensiva militar como camino hacia acuerdos? La ofensiva militar, resultado de una decisión política, conduce a establecer unos acuerdos. Como la ofensiva la lidera Trump, es él quien define los acuerdos y los pasos a seguir para lograrlos, por las buenas o por las malas, como declaró el propio presidente estadounidense. 

Si bien en el horizonte se dibujan tiempos de guerra, quizás ese no sea el escenario que finalmente se dé por los altos costos políticos que acarrea para el gobierno de Trump, pero sí puede ser, como lo está siendo, un escenario sin guerra, pero con violencia. Así, por ejemplo, podría concretarse la recompensa de millones de dólares para los cabecillas del cártel de los Soles en una operación militar quirúrgica a cargo de fuerzas mercenarias o propias. 

El aumento de la presión militar y política está directamente ligado a los acuerdos que se logre imponer. Según Trump, el objetivo es que Maduro y su círculo dejen el poder; si esto se concreta, será algo que Maduro tendrá que aceptar o enfrentar. La forma como se acerquen a ese escenario influirá en la decisión de Estados Unidos de usar o no la violencia. Sin embargo, la experiencia política demuestra que la salida de Maduro no garantizará automáticamente la paz en Venezuela. Para alcanzar esa paz, es fundamental analizar cómo se reorganizarán las fuerzas políticas tras el cambio de gobierno, si podrán pactar las reglas del sistema político y si contarán con suficiente respaldo para mantener la estabilidad.

Las implicaciones para Colombia. Para Colombia, lo que pase en el vecino país resulta de importancia porque tenemos una de las fronteras más grandes con Venezuela,  la dinámica política y militar que se desarrolle allá repercute acá. Si las crisis anteriores han desatado la migración de millones de venezolanos, un escenario de guerra civil o, directamente, una confrontación entre Estados Unidos y las fuerzas venezolanas haría de Colombia un lugar de recepción de las víctimas de la guerra. Situación que se anudaría con nuestro conflicto armado, posiblemente agudizando este, particularmente en los territorios de la frontera donde tiene asiento el ELN. 

Las consecuencias para el socialismo del siglo XXI. Entre los efectos de estas hostilidades también vale considerar la suerte del socialismo del siglo XXI. En la Venezuela de Chávez, con los petrodólares, el socialismo tomó “aire” en el continente. Para marcar diferencias con las experiencias del socialismo vivido en el siglo anterior, se relanzó el socialismo bajo la consigna de un socialismo progresista, acorde con el siglo XXI. La Venezuela chavista dio un gran impulso a esa idea del socialismo en América Latina, pero la manera como finalmente ese socialismo se impuso en Venezuela, particularmente deshonrando el mecanismo democrático y la democracia como un orden de reparto y controles a los poderes, generó bastante descrédito a esa corriente política. 

Parecería que el socialismo no puede superar la tentación autoritaria. De allí que en las campañas políticas del continente, las fuerzas políticas opuestas al socialismo insistan constantemente en que votar por partidos que promuevan el socialismo es votar por tomar la senda venezolana: pobreza, violencia y dictadura. El desprestigio del régimen de Maduro está indefectiblemente asociado al del socialismo del siglo XXI. Y este desprestigio es tan profundo que la intervención del gobierno de Trump en Venezuela es percibida por distintos sectores como necesaria y justa para poner fin a una larga cadena de abusos.  Por lo mismo, lo que menos le interesa a ese sector de la opinión es si existen o no pruebas de las actividades del narcotráfico en cabeza de Maduro, con tal de que termine «la larga noche», cualquier epíteto es bienvenido. 

Conclusión. Celebrar la intervención del gobierno Trump en Venezuela bajo la justificación de atacar una organización narcoterrorista abre una peligrosa «puerta» para que realice operaciones similares en otros países de la región, retomando así la vieja consigna de la doctrina Monroe: «El hemisferio nos pertenece a nosotros», de esta manera reafirma que para ser potencia mundial primero se tiene que ejercer control en el propio vecindario.

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