Opinión

La educación es el cimiento del desarrollo humano, la transformación social, la construcción de sociedades justas y pacíficas, la prosperidad, la participación y la formación de personas íntegras y ciudadanos responsables. 

El cierre de colegios no es solo por el descenso de la tasa natalidad registrado en Colombia, hay otros hechos maquillados que fundamentan esta agobiante y luctuosa noticia.

Es verdad la tendencia de descenso de la tasa global de fecundidad o hijos por cada mujer en Colombia. El descenso más significativa a nivel nacional comenzó en 1957, que pasó de un promedio de siete hijos por mujer a tres en 1988 y el más marcado fue entre 2015 y 2024, en el último año.

En Antioquia, esta caída es aún más pronunciada cuya tasa pasó de 1.9 hijos por mujer en 2008 a solo 0.9 en 2024, que lo ubica al departamento por debajo del umbral de reemplazo poblacional que debería ser de mínimo 2.1 hijos por mujer.

Empero, tras bambalinas y, lo que sucede detrás del escenario del cierre de colegios de forma inadvertida, discreta, oculta y fuera de la vista del público, que se está socavando la existencia de programas de cobertura que busca aumentar los cupos educativos para la población vulnerable que empezaron a implementarse desde 2003 y 2004. 

Este programa específico de la Alcaldía de Medellín, que subsidia estudios en colegios privados para estudiantes de barrios vulnerables se conoce como Cupos Contratados o Convenio de Cobertura Educativa, es el que con la anuencia política, los gobiernos lo están acabando.

El Colegio Parroquial Emaús es testimonio de ello. Atendiendo a la creciente demanda educativa del sector, fue fundado el 17 de abril de 1995 por el Presbítero Jorge Alberto Galeano Buitrago —fallecido el 24 de agosto del 2001—, para responder al fenómeno de violencia que se presentaba en el barrio Villa de Guadalupe y como una posibilidad de mantener ocupados a los niños, niñas y jóvenes involucrados en situaciones de violencia y consumo de sustancias psicoactivas.

El colegio Parroquial Emaús es propiedad y obra social de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y fue creado con los aportes económicos de la ONG Manos Unidas.

La clausura del colegio en 2025, el cual contaba con la aprobación para los niveles de preescolar, básica Primaria, básica secundaria y media técnica, es el premio en tiempos de Navidad para una comunidad que precisa de inversión social para salir del desamparo estatal, el desgobierno, de la inseguridad creciente local y la anomia, otra forma de manifestación de un Estado fallido. La anomia es la falta o debilitamiento de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad. 

La anomia o caos social es la pérdida o supresión de valores que conduce a la destrucción y la reducción del orden social, a la falta de aplicación de las leyes y a la inexistencia de normas claras. Es un signo de un Estado que ha perdido su capacidad de orden, resultando en corrupción, impunidad, falta de ley y violencia generalizada, de justicia tardía y a justicia por mano propia; es decir que la anomia es una consecuencia de un Estado fallido.

Un Estado fallido es cuando un gobierno pierde el control para ejercer su autoridad sobre el territorio, no puede dar servicios básicos como la educación, la salud ni seguridad, cediendo el poder al crimen organizado, creando desorientación social que conlleva al individuo a tener miedo, angustia, inseguridad, desconfianza e insatisfacción, delegando el monopolio de la fuerza a actores ilegales y generando círculo vicioso.

Ello conlleva a un aumento de la criminalidad por grupos ilegales, la exclusión social, la pérdida de derechos para los habitantes y, en ocasiones, al control territorial vedado para el Gobierno y las autoridades, una anormalidad de soberanía que se viene reforzando desde 2021.

El dominio local por parte de grupos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerce control sobre una parte del territorio. por bandos de extrema izquierda o Estructuras Armadas Organizadas al Margen de la Ley —EAOCAI— como el ELN, disidencias guerrilleras de la FARC-EP, los grupos sucesores del paramilitarismo de extrema derecha como las bandas criminales —Bacrim— y por grupos sucesores de las Autodefensas y los Grupos Armados Organizados —GAO— que carecen de recursos políticos o de bases ideológica.

Estos grupos usan la fuerza y la violencia para fines políticos, ideológicos o económicos, que operan sin la regulación estatal para el control territorial y se dedican a los diferentes tipos de violencia —incluida la sexual— como el sometimiento de comunidades, reclutamiento forzado —Incluyendo a los menores de edad—, y a las economías ilícitas para su financiación y poder como las rifas, tráfico de drogas, secuestro, minería ilegal, control de recursos naturales, la extorsión de baja cuantía o vacunas, las rifas y los préstamos impagables.

Las rifas barriales son apuestas ilegales que no cuenten con un acto administrativo expedido por la autoridad competente, por tanto, hacen evasión tributaria asociada a su operación al margen del sistema fiscal y a la reducción de los recursos destinados a la financiación del sistema de salud ocasiona una grave pérdida de recursos y, por ende, el bienestar de la comunidad.

Las vacunas es una la extorsión de baja cuantía que se cobran a comerciantes y residentes, son pequeñas sumas periódicas de dinero que se piden a cambio de una falsa seguridad o paz en la zona.

Los préstamos, sin contratos y al margen del sistema financiero bancario regulado, tienen cuotas de pagos con intereses abusivos de usura y trampas de deuda perpetua en el que el deudor queda atrapado pagando apenas los intereses, lo que hace que las deudas sean imposibles de saldar, lo que lleva a un ciclo infinito de pagos, a la ruina financiera y perpetuación de la pobreza.

Ello implica a que los prestamistas ejerzan un impacto psicológico por los cobros presenciales agresivos, acoso constante, coerción con de intimidación, amenazas y violencia física contra el deudor o su familia, que ponen en riesgo la vida y el patrimonio.

A toda esta situación reinante de crisis o enfermedad social la origina también, entre otras, el cerrar una institución educativa, una forma evidente de perpetuar el subdesarrollo y la pérdida del tejido social al dejar a la deriva a la niñez y la juventud, una franca manifestación de la pérdida de gobernanza al notarse que las estructuras de poder no logran dirigir y orientar eficientemente la sociedad, desatiende sus necesidades, no mantiene el orden social que erosiona la confianza y la capacidad de respuesta ante los problemas y necesidades de la población.

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://acortar.link/q6kxQC
   

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.