Hablar hoy de la universidad pública es hablar de un proyecto colectivo que encarna la esperanza de tener sociedades más justas, democráticas y críticas. Dos pilares resultan esenciales para garantizar su vigencia y su capacidad transformadora: la autonomía universitaria y una financiación pública suficiente, estable y sostenible. Sin estas condiciones, la universidad corre el riesgo de quedar subordinada a intereses políticos coyunturales o a las lógicas del mercado, perdiendo su esencia como espacio de producción de conocimiento libre y como bien común de toda la sociedad.

La autonomía universitaria no es un privilegio corporativo de docentes, estudiantes o directivos. Es, ante todo, una condición necesaria para que la universidad pueda cumplir su misión. Significa que las instituciones de educación superior deben tener la capacidad de gobernarse a sí mismas, definir sus programas académicos, orientar su investigación y desarrollar proyectos culturales sin interferencias indebidas de poderes externos. Esta autonomía, consagrada en muchas constituciones y legislaciones, responde a la idea de que el conocimiento florece en libertad: sin libertad de cátedra y de expresión, sin posibilidad de cuestionar y criticar, sin independencia frente a las presiones económicas o ideológicas; el pensamiento se empobrece y la democracia se debilita.

No obstante, la autonomía universitaria no puede entenderse como aislamiento ni como encerrarse sobre sí misma. La universidad tiene responsabilidades con la sociedad que la sostiene. La autonomía también implica en consecuencia, rendición de cuentas, transparencia en la gestión, apertura a los debates públicos y capacidad de incidir en la construcción de políticas y proyectos de país. Solo en este equilibrio entre independencia y compromiso social puede la universidad pública mantener su legitimidad y su pertinencia.

Ahora bien, la autonomía universitaria resulta inviable si no cuenta con condiciones materiales que la respalden y una de las fundamentales es la financiación pública suficiente. Una universidad pública que dependa exclusivamente de recursos privados, de convenios condicionados o de la venta de servicios, inevitablemente verá limitada su capacidad de definir libremente sus prioridades académicas y científicas. La precarización de los presupuestos públicos conduce a la mercantilización del conocimiento, a hacer de la universidad una institución sometida a las demandas del mercado, una institución regida por el neoliberalismo, donde se privilegia lo rentable por encima de lo necesario, y donde se deja de lado la investigación básica, las humanidades y las ciencias sociales, fundamentales para comprender críticamente nuestra realidad.

La financiación pública de la universidad debe concebirse como una inversión estratégica, no como un gasto. Cada peso destinado a la educación superior retorna multiplicado en equidad, movilidad y ascenso social, innovación, ciudadanía crítica y cohesión social. Países que han apostado por fortalecer su sistema universitario público son también los que muestran mayores avances en ciencia, tecnología y cultura, así como en equidad y desarrollo humano.

En el contexto colombiano, la discusión sobre financiación es particularmente urgente. Durante décadas, los presupuestos asignados a las universidades públicas han permanecido estáticos, mientras la cobertura, las demandas sociales y las exigencias de calidad han crecido exponencialmente. Esto ha generado déficits estructurales, infraestructura insuficiente, sobrecarga en docentes y limitaciones en bienestar estudiantil. La respuesta no puede ser trasladar los costos a las familias o precarizar aún más al personal académico, sino garantizar una política de financiación progresiva que asegure el derecho a la educación superior como bien público, independiente de los gobiernos y sus caprichos.

Defender la universidad pública implica, entonces, defender la autonomía y luchar por una financiación adecuada. Ambas dimensiones están profundamente entrelazadas: no hay verdadera autonomía sin respaldo financiero, y no hay sentido en la financiación sin el ejercicio de una autonomía responsable y comprometida con la sociedad. La universidad debe seguir siendo un espacio donde se produzca conocimiento crítico, se formen ciudadanos y ciudadanas con altos niveles de calidad profesional y científica, pero igualmente con altos estándares de compromiso y conciencia social. Un lugar para la generación de alternativas para enfrentar los retos de un país marcado por la desigualdad y las exclusiones, las violencias de todo tipo y los retos de construcción de la paz.

En conclusión, una universidad pública autónoma y bien financiada no es solo un interés específico de estudiantes o profesores; es una garantía de democracia, de equidad y de un mejor futuro para toda la nación. Apostar por ella es apostar por un país que piensa, que innova y que no renuncia a la posibilidad de transformar sus realidades desde el conocimiento. Cuidarla, fortalecerla y proyectarla hacia el futuro es, en última instancia, una responsabilidad colectiva e ineludible.

Como decía María Teresa Uribe sobre la Universidad de Antioquia (1), la cual consideraba el proyecto cultural más importante de esta región: «...en cualquier lugar de este departamento hay alguien que tiene un pedazo de su corazón en la universidad, un hijo, un nieto, un sobrino, un lindo recuerdo o un sentimiento de agradecimiento por haber recibido los beneficios de este claustro. La universidad no es solo un espacio físico enclavado en la malla urbana de Medellín, son los edificios, la biblioteca, el museo, los campos de partidos; es el entramado donde se forjó el pueblo antioqueño son ideas, cultura y esperanza…»

Referencia:
Alma Mater de la Raza. Columna publica el 30 de agosto de 1987. Publicada en Un país por descifrar. Editorial Universidad de Antioquia. 2023.

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