Protesta pacífica, «gestores de seguridad» y solidaridad con Max Yuri Gil
Protesta pacífica, «gestores de seguridad» y solidaridad con Max Yuri Gil
«En el caso de Medellín, también se promovió una marcha con el fin de expresar solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, lo que debía ser una marcha pacífica que mostrara empatía y solidaridad con las víctimas, comenzó a mostrar expresiones de violencia que se escalaron progresivamente, en parte, por algunos manifestantes que buscaron hacer pintas en locales comerciales de empresas que consideraban cómplices del genocidio, pero sobre todo, por la actuación de un grupo de contratistas de la Alcaldía de Medellín denominados «gestores de seguridad», así como de un concejal de Medellín que salió con un bate dispuesto a desafiar a los manifestantes».
El pasado martes 7 de octubre se realizaron múltiples marchas en ciudades de todo el mundo, algunas en memoria de las víctimas del ataque de Hamas contra un sector de la población civil israelí y, muchas, en solidaridad con el pueblo palestino que ha soportado desde entonces un genocidio promovido por el gobierno de Israel, con un saldo de más de 67 000 personas muertas.
En el caso de Medellín, también se promovió una marcha con el fin de expresar solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, lo que debía ser una marcha pacífica que mostrara empatía y solidaridad con las víctimas, comenzó a mostrar expresiones de violencia que se escalaron progresivamente, en parte, por algunos manifestantes que buscaron hacer pintas en locales comerciales de empresas que consideraban cómplices del genocidio, pero sobre todo, por la actuación de un grupo de contratistas de la Alcaldía de Medellín denominados «gestores de seguridad», así como de un concejal de Medellín que salió con un bate dispuesto a desafiar a los manifestantes (1). Esta situación debe generar varias reflexiones colectivas en la ciudad.
En primer lugar, quienes organizaron la marcha tendrán que hacer un ejercicio autocrítico sobre los propósitos, los repertorios de movilización y los resultados logrados. El punto central debió haber sido la solidaridad con el pueblo palestino y con las víctimas del genocidio. Me pregunto si la historia de la que estamos hablando es la necesidad de parar la barbarie o si lo que se hizo, al menos por algunas personas, fue instrumentalizar la causa palestina para librar una batalla doméstica entre petristas y antipetristas.
En segundo lugar, independientemente de si se está de acuerdo o no con los contenidos de una movilización, el derecho a protestar pacíficamente está protegido por la Constitución Política y por el derecho internacional. Incluso, como lo recuerda la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y como lo ha sostenido la Corte Constitucional, en caso de que haya actos violentos, las autoridades deben usar la fuerza de manera excepcional y con estricta sujeción al ordenamiento jurídico y a los estándares internacionales (2).
En tercer lugar, es muy preocupante que la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín haya creado un grupo de «gestores de seguridad» integrado por exmiembros de la fuerza pública supuestamente con el fin de mediar en las protestas. A diferencia de lo que ha sostenido el secretario de seguridad en varios medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo manifestó preocupación por la existencia de directrices de disolución de la protesta bajo la presión de no renovar los contratos a los gestores si aquellas no se cumplían. Pero, además, un grupo de estos «gestores de seguridad» agredió de manera brutal a un defensor de derechos humanos que participaba en la marcha.
Pareciera que no hemos aprendido de diferentes experiencias pasadas consistentes en la atribución de funciones de seguridad a personas civiles. En tal sentido tiene razón el profesor José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, quien en un reciente artículo recuerda el principio de exclusividad de la fuerza pública, previsto en el artículo 216 de la Constitución Política y complementado por el Acto Legislativo 05 de 2017, que prohíbe la creación de grupos de seguridad con fines ilegales (3).
En cuarto lugar, las acciones desarrolladas por el concejal Andrés Rodríguez, quien se ha caracterizado por su actitud pendenciera, increpó a algunos de los manifestantes con un bate. Esta actuación muestra el deterioro del debate democrático en la ciudad, exacerba la polarización destructiva y escala las tensiones que surgen en las protestas.
Por último, debemos rechazar de manera contundente los mensajes intimidantes que en redes sociales algunos militantes de derecha han realizado en contra del profesor Max Yuri Gil y de la Universidad de Antioquia. La sociedad colombiana no puede normalizar la estigmatización ni las amenazas que circulan en las redes sociales, vengan de donde vengan. Es inadmisible que la defensa de la Constitución, el ejercicio de la libertad de expresión y de la ciudadanía se conviertan en un factor de riesgo en esta ciudad.
Esperamos que la administración distrital corrija el error que cometió al crear los denominados «gestores de seguridad». Igualmente, esperamos que la Personería,la Procuraduría y la Fiscalía inicien las investigaciones correspondientes y protejan los derechos de las personas de esta ciudad.
Finalmente, el profesor Max no está solo, en la Universidad de Antioquia y en la ciudad hay una comunidad académica y deliberante que lo respalda en su compromiso por construir una sociedad pacífica y democrática.
Referencias
1. El Armadillo. (2025). «¿Qué fue lo que pasó en la marcha en Medellín contra el genocidio en Palestina?». Leer
2. Defensoría del Pueblo. (2025). Leer
3. Hernández, José Gregorio. (2025). «El principio de exclusividad de la fuerza pública». El Tiempo. Leer
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Notas:
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