Opinión

Noviembre se ha convertido, hasta la fecha, en el mes más movido en materia política en Colombia en 2025. Además de servir como momento para recordar dos trágicos hechos históricos ocurridos en 1985 —la toma y retoma del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero—, es el mes de los balances sobre la implementación, tanto del Acuerdo Final de paz firmado con las extintas Farc, hace nueve años, como de la política pública de la Paz Total que cumple tres.
 
Pero, tal vez, el hecho más importante en noviembre es el conocimiento que tenemos sobre el giro en la política de seguridad del gobierno Petro. En tan solo una semana —la del 10 al 16 de noviembre— el presidente de la República autorizó la ejecución de dos bombardeos a grupos armados ilegales, en la selva colombiana. Esto como herramienta para enfrentar la expansión criminal y como forma de presentar al público la llamada Operación Oriel, que hace parte de la nueva estrategia de seguridad nacional.
 
El primer bombardeo comenzó en la madrugada del lunes 10 de noviembre, en el área rural del municipio de Calamar, departamento del Guaviare; y el segundo lo ejecutó tres días después, el 13 de noviembre, en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca —frontera con Venezuela—. En ambos casos, los ataques se realizaron contra frentes de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.
 
Con estos dos bombardeos se contabilizan 13 en lo que va del gobierno Petro —ocho en 2025 y cinco en 2024—, siendo este año en el que más se han ejecutado operativos de este tipo. Lo que da cuenta del giro planeado, estructurado y de largo aliento que pretende ser, decisión que contrasta claramente con una política pública de paz, que dejó sembrada la idea de que el primer gobierno de izquierda en el país sería, durante todo su mandato, un país abierto a los diálogos de paz y que buscaría superar el conflicto con políticas estructurales sociales y económicas y no con la violencia armada.
 
Y, como pasa con la mayoría de estas importantes decisiones, es responsabilidad de los analistas buscar explicaciones a este tipo de giro en la conducta estatal, sobre todo, por lo controversial que está resultando está decisión; también, por las trágicas consecuencias que está trayendo. Además, porque al asumir está conducta está repitiendo la estrategia guerrerista de todos los gobiernos colombianos desde 1980, que combinaron o bien al inicio de gobierno la política de paz y luego la de guerra —como fue con Belisario y Gaviria — o bien primero la guerra y luego la paz —como actuaron Barco, Pastrana, Santos y Uribe—.
 
De allí que, a continuación, dejo planteada tres hipótesis explicativas que pueden ayudar a entender este giro en la política de seguridad del gobierno Petro. La primera se asocia al aumento de la eficacia en materia de seguridad y el orden público. El grupo armado liderado por Iván Mordisco viene presentando en los últimos años un crecimiento acelerado en combatientes, armas y presencia territorial; de allí que el presidente de la República, como máximo líder de la Fuerza Pública, quiere explorar con los bombardeos otra estrategia de contención, distinta a los ceses al fuego.
 
Los bombardeos se convierten aquí en una herramienta efectiva y probada en gobiernos anteriores para «neutralizar» al enemigo y reducir la amenaza contra la Fuerza Pública y la sociedad. Una estrategia que se dirige contra los frentes de las disidencias de Iván Mordisco, la  que más daños económicos, físicos y mentales están causando a la población —el Comando Conjunto Oriente—. Un grupo armado ilegal responsable de realizar secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores y el constreñimiento violento de la población civil; además es quien viene atacando a los centros poblados, a las cabeceras municipales y a las estaciones de policía.
 
La segunda hipótesis se asocia al aumento de la legitimidad del Gobierno. Según variados estudios sobre la cultura política colombiana, los ciudadanos valoran positivamente la búsqueda de seguridad. A la mayoría de los ciudadanos les gusta que los gobiernos usen la mano dura contra la delincuencia. En esta lógica el uso de la fuerza y de los operativos militares y policiales contra los grupos armados ilegales se convierte en uno de los actos que mayor apoyo le dan al Estado.
 
Con los bombardeos, el Gobierno nacional busca mejorar la percepción ciudadana de seguridad. Con los ataques directos a los bandidos Petro busca el respaldo político. De allí que de inmediato presente ante los medios de comunicación y ruedas de prensa, los resultados positivos de los operativos: 25 bajas en el primer ataque en el municipio de Calamar y 19 en Tame. Además, más de 4000 integrantes de los grupos ilegales —del Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional —ELN— y las disidencias de las Farc, entre otros— neutralizados en lo corrido de su mandato.
 
Finalmente, una tercer hipótesis es que con los bombardeos el Gobierno busca darle un giro a las narrativas internacionales de que estamos ante un Estado que defiende el narcotráfico.Con los 13 bombardeos, que hacen parte de la operación Oriel, se le está dando fe al gobierno norteamericano que la administración Petro no es un aliado del narcotráfico. Por el contrario, es un gobierno que lucha contra el terror de la Junta del Narcotráfico, que lo hace en la frontera con Venezuela y que usa la información de inteligencia —mucha de ella proveniente de la cooperación con Estados Unidos— para de manera planeada combatir las bandas criminales.
 
En síntesis, estamos ante un giro evidente en la política de seguridad del gobierno Petro. Un giro que le sirve para elevar tres cometas con el mismo viento: la de la eficacia en materia de seguridad y el orden público; la del aumento de la legitimidad del Gobierno, en especial al final de este y en medio de una campaña política por la Presidencia; y la del cambio en las narrativas internacionales, en especial de Estados Unidos, de que no estamos ante un cómplice del narcotráfico sino ante un Gobierno guerrero y aliado de la lucha antiterrorista.

• Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 

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