Opinión

En los cambios que se están dando actualmente en el sistema educativo es importante diferenciar la forma cómo se producen en las universidades públicas y privadas las reestructuraciones hechas en el marco de las políticas neoliberales de las políticas de privatización de las universidades públicas. 

En los últimos treinta años, las reformas neoliberales produjeron una profunda transformación de las instituciones sociales como el sistema de salud, de pensiones y de la educación. Estas reestructuraciones se iniciaron tras la elección de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en los Estados Unidos —y se extendieron en todo el mundo— quienes afirmaron que el keynesianismo era el culpable del débil crecimiento económico y de la dependencia de las prestaciones sociales. 

El neoliberalismo, que es una doctrina que busca abolir el liberalismo social, se creó en 1947, mediante la fundación de la Sociedad de Mont Pèlerin, con el fin de establecer mercados sin restricciones y ampliados para aprovechar las elecciones individuales.

En este contexto, las políticas neoliberales introducidas en la educación desde los años ochenta, condujeron a una progresiva destrucción del sistema educativo con vinculaciones progresistas, humanistas y liberales. El neoliberalismo atribuyó el aumento del desempleo y la recesión económica a las universidades y sus profesores fueron acusados de no haber preparado a los jóvenes estudiantes para el trabajo en el mercado.

Las políticas de privatización de las universidades públicas responden a una operación sistemática de destrucción de estas que consiste en convertir la universidad pública en un espacio clave para el desarrollo de la gobernanza neoliberal. Con esto se trata de producir el «capital humano» requerido por los nuevos sistemas de acumulación capitalista. Se busca cambiar el esquema formativo de una subjetividad educada para la vida pública, democrática y ciudadana por una subjetividad apta para las demandas del mundo de la empresa y el mercado. 

Estos procesos se han dado de manera diferente en las universidades públicas y privadas en Colombia. En nuestro país el auge de la educación privada se produjo a mitad del siglo XX como consecuencia de la incapacidad del Estado para cubrir las demandas de educación primaria y secundaria que se dieron con el aumento de la población de las ciudades como resultado de la migración masiva del campesinado debido a la violencia que se generó tras la violencia de los años cincuenta. 

En la medida en que el Estado no respondió a las demandas de una educación pública con calidad, creó las condiciones favorables para el surgimiento de un próspero mercado para la educación privada. Así se crearon colegios y universidades privadas en muchas de las grandes ciudades del país, como Los Andes, Del Norte, Eafit, etc.

En los sesenta y setenta, la educación pública universitaria sufrió las consecuencias de la estigmatización al ser acusada y responsabilizada por los sectores más conservadores de la violencia e inestabilidad política que vivió el país en esos años. La consecuencia de estos procesos de desprestigio y crítica, que se extienden hasta hoy, ha sido la emigración masiva de estudiantes de los sectores medios y altos de la sociedad a la educación privada.  

La educación privada se ha beneficiado además de apoyos financieros importantes hechos por diferentes gobiernos. En el gobierno de Juan Manuel Santos se desarrolló el programa «Ser Pilo Paga», cuyo objetivo era dar becas a estudiantes de escasos recursos para que pudieran acceder a universidades de alta calidad, tanto públicas como privadas. El problema es que este programa terminó afectando la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, pues más del 70 % de sus recursos se fueron a las universidades privadas, debido a la elección individual de los estudiantes, debilitándose así las públicas.

El Estado colombiano diseñó, mediante la Ley 30 de 1992, una política para regular la educación superior y estableció un sistema de financiación, por medio del cual las obligaciones financieras del Estado con las universidades solamente llegaron al 50 % de sus presupuestos. Lo demás lo han tenido que financiar las universidades públicas con sus recursos propios. Esto ha conducido al denominado desfinanciamiento estructural de las universidades públicas.

De este modo, mediante la estigmatización de las universidades públicas, el favorecimiento de las universidades privadas con programas como «Ser Pilo Paga», y el desmantelamiento gradual de las universidades públicas mediante su progresiva desfinanciación se ha logrado su asfixia económica. ¿Finalmente qué se pretende? Es claro que al maximizar el deterioro de estas universidades se busca profundizar una tendencia histórica en nuestra sociedad, la cual consiste en justificar como alternativa la potenciación de la enseñanza privada. 

El ejemplo más claro de esto es lo que está sucediendo en la Universidad de Antioquia —hoy en día maltratada y canibalizada desde diferentes frentes políticos— y lo que sucede en Medellín en la relación entre universidades privadas y publicas.

En esta capital, según el Ministerio de Educación, la cifra total de instituciones de educación superior ronda en 38 y de estas 10 son públicas y 28 privadas. La Universidad de Antioquia y la Nacional —sede Medellín— son las únicas que puede definirse como universidades que hacen investigación, docencia y regionalización en muchas de las áreas del conocimiento. En estas universidades se investiga más que en todas las demás públicas y privadas de la ciudad. Las universidades privadas tienen perfiles más profesionalizantes. El CES se concentra en medicina. La Eafit, más que una universidad es, como su nombre lo indica, una Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología, la cual, en virtud de los cambios introducidos por su actual rectora —la destrucción del área de humanidades— quedó convertida en un politécnico de innovación.

En suma, en Medellín, hay propiamente dos universidades públicas, más alumnos que nunca y menos presupuesto que nunca, y para la de U. de Antioquia habrá menos como consecuencia de la rapiña política que se ha instalado en su campus. De este modo, para los empresarios antioqueños, el nicho de mercado está garantizado. Decrece y se desprestigia la universidad pública y crece el número de universidades privadas y el número de estudiantes que se matriculan en ellas. Esto manifiesta la existencia de un proyecto privatizador, en el cual todo lo que deja de invertir el Estado en lo público, lo invierten las empresas satisfaciendo las demandas de una ciudadanía que requiere la educación para la formación de sus hijos y el aseguramiento del ascenso social.

¿Qué educación? Eso no importa. Para los agentes del proyecto privatizador no se trata de proveer una amplia educación humanista a la mayoría, ni de aquello que pudiera ser de interés público como la democracia —simposio— y los derechos o las traducciones de los clásicos, ni de investigaciones de largo plazo sobre enfermedades raras o sobre el estudio de las estrellas. Se trata para ellos de todo aquello que produzca rendimientos inmediatos. Esa es la nueva forma de universidad, la universidad basada en la innovación, la cual puede hacer posible que cualquiera use el nombre de «universidad» para desde cualquier lugar, dedicado al networking repitiendo clases online pregrabadas desde un servidor, pueda fundar o sostener una universidad.

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• Esta columna fue publicada en el sitio web de La Silla Vacía
 

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