Opinión

Hace más de un cuarto de siglo, la Ley 388 de 1997 estableció los Planes de Ordenamiento Territorial como la carta de navegación para el desarrollo municipal en Colombia. La idea era clara: cada territorio debía pensar su futuro de manera estratégica, anticiparse a los problemas y construir un horizonte común entre ciudadanos, empresarios y gobierno local. Sin embargo, hoy enfrentamos una realidad incómoda que pocos quieren nombrar: en Antioquia, 96 de los 125 municipios tienen sus POT vencidos. No es un problema de trámite administrativo, es una crisis de planeación que compromete nuestro futuro territorial.

Cuando un municipio opera con un POT desactualizado, lo hace esencialmente a ciegas. Las dinámicas territoriales han cambiado radicalmente en los últimos años: el cambio climático intensifica las temporadas de lluvias, las migraciones reconfiguran la demografía urbana, y las nuevas economías exigen infraestructuras que no estaban contempladas hace una década. Pensar que un instrumento de ordenamiento de 2003 puede orientar decisiones en 2025 es como pretender usar un mapa obsoleto para navegar un río que ha cambiado su cauce.

El caso del Urabá antioqueño ilustra perfectamente esta paradoja del desarrollo. Turbo, con más de 200 000 habitantes y proyectado como puerto estratégico para conectar al país con el Pacífico, tiene un POT que venció hace años. La ciudad crece desordenadamente sobre zonas de amenaza por inundación, la especulación inmobiliaria avanza sin regulación clara, y el déficit de espacio público se profundiza cada año. No es casualidad que más del 40 % de sus viviendas carezcan de servicios básicos adecuados. La ausencia de planificación actualizada no es neutra: tiene víctimas concretas.

Las consecuencias de este rezago atraviesan todas las dimensiones del desarrollo. En lo económico, la inseguridad jurídica sobre el uso del suelo desincentiva la inversión formal y fortalece la informalidad. Empresarios me han confesado que prefieren no invertir en ciertos municipios porque no hay certeza sobre las reglas del juego territorial. En lo social, el desorden urbanístico profundiza las desigualdades: mientras algunos acceden a barrios
planificados con servicios, otros se asientan en laderas o zonas inundables donde el Estado llega tarde o nunca llega.

En lo ambiental, el costo es devastador. Sin instrumentos actualizados que incorporen la gestión del riesgo climático, seguiremos construyendo tragedias anunciadas. Los casos recientes de Rosas, Bolívar y Barbacoas, Nariño, donde deslizamientos arrasaron viviendas construidas en zonas prohibidas según estudios técnicos ignorados, son apenas la punta del iceberg. Colombia es el segundo país más vulnerable del mundo ante amenazas hidrometeorológicas, pero seguimos ordenando el territorio como si el clima fuera estable y predecible.

¿Por qué llegamos a este punto? Las explicaciones técnicas abundan: falta de recursos municipales, debilidades institucionales, complejidad normativa. Pero detrás de estas razones hay también voluntad política ausente. Actualizar un POT implica negociar con intereses poderosos, frenar urbanizadores informales, recuperar espacios públicos invadidos. Es más cómodo dejar las cosas como están y transferir el problema a la siguiente administración.

La fragmentación institucional agrava el problema. Cada municipio intenta resolver solo lo que es esencialmente un desafío territorial compartido. El agua, los ecosistemas, las vías,los riesgos ambientales no entienden de límites administrativos. Sin embargo, seguimos planeando como si cada municipio fuera una isla. La planificación supramunicipal, que debería articular visiones regionales, es todavía una práctica marginal en nuestro departamento.

Aquí es donde las universidades tenemos una responsabilidad ineludible. No podemos seguir formando profesionales del territorio sin vincularlos directamente con las realidades municipales. Nuestros programas de ingeniería, ciencias ambientales, economía y ciencias sociales deben fortalecer la investigación aplicada en ordenamiento territorial. Necesitamos hacer de los POT casos de estudio permanentes, llevar estudiantes a campo, construir
conocimiento desde y para los territorios.

Pero más allá de la academia, se requiere una articulación estratégica entre universidad, empresa y Estado que hasta ahora ha sido tímida y fragmentada. Propongo tres ejes concretos de acción:

Primero, la creación de un Observatorio Departamental de Ordenamiento Territorial, liderado por las universidades pero con participación empresarial y estatal. Este observatorio debe generar información pública, rigurosa y actualizada sobre el estado de los POT, identificar buenas prácticas, documentar fracasos y proponer soluciones basadas en evidencia.

Segundo, el diseño de esquemas de asistencia técnica universidad-municipio, donde grupos de investigación acompañen procesos de actualización de POT en municipios pequeños sin capacidad institucional propia. El sector privado puede cofinanciar estas iniciativas como parte de sus estrategias de responsabilidad territorial, y el Estado departamental debe coordinar y escalar las experiencias exitosas.

Tercero, la formación de una masa crítica de profesionales especializados en ordenamiento territorial mediante programas de educación continua certificados. Colombia necesita urgentemente planificadores territoriales competentes, pero la oferta formativa es insuficiente y desarticulada del sistema de planificación municipal.

El ordenamiento territorial no es un asunto técnico menor. Es la base material sobre la cual construimos o destruimos posibilidades de desarrollo sostenible. Cada día que pasa con POT desactualizados es un día más de oportunidades perdidas, de vulnerabilidades acumuladas, de desigualdades profundizadas.

Las universidades no podemos seguir siendo espectadoras críticas de esta crisis. Tenemos el conocimiento, la capacidad investigativa y la legitimidad social para articular respuestas efectivas. Lo que falta es decisión institucional para hacer del ordenamiento territorial una prioridad académica y una apuesta estratégica de relacionamiento con nuestros territorios. El futuro de Antioquia se define hoy en las decisiones—o indecisiones—sobre cómo ordenamos nuestro territorio. No podemos darnos el lujo de seguir esperando.

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Notas:

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