El pasado 2 de octubre de 2025, en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá «La Picota», los líderes y representantes de las dos estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto —EAOCAI— más poderosas del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, Los Pepes y Los Costeños, firmaron una tregua temporal para reducir la violencia en este territorio.

Con esta firma, que contó con la presencia de un representante de la Dirección Nacional de Inteligencia y otro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el gobierno de Gustavo Petro dio un paso más en su proyecto de la paz urbana; que es uno de los componentes más problemáticos y olvidados de la política pública de Paz Total.

De continuar con este proceso y lograr abrir en pocas semanas la Mesa de Paz Urbana en Barranquilla y el Atlántico, el Gobierno nacional estaría completando el cuarto espacio socio jurídico de conversaciones en el país. Una apuesta que, hasta el momento, ha vinculado a las más de 20 EAOCAI más grandes de Colombia: 14 en Medellín y el Valle de Aburrá, dos en Buenaventura y cuatro en Quibdó.

La primera Mesa de Conversaciones se instaló el 2 de junio de 2023, en la Cárcel de Itagüí. La segunda, el 18 de julio en Buenaventura, Valle del Cauca. Y la tercera, un mes después, el 18 de agosto en Quibdó, Chocó. Lo que hace que sumen más de dos años de continuo aprendizaje en la construcción de paz urbana en Colombia.

Esta larga experiencia de la paz urbana, dentro de la Paz Total, debería servir al país para señalar virtudes y aciertos. Como las consecuencias que ha tenido este componente en la reducción de la violencia armada en los territorios, en especial, en la caída de las tasas de homicidio; en los pactos de no agresión a la Fuerza Pública y de no extorsión a la población civil; y el no involucramiento de los niños, niñas y adolescentes en la guerra.

Pero también, estas experiencias deben servir para señalar vacíos y posibles problemas en otros procesos de paz, ya que debe insistirse, a pesar de las críticas a la política de paz del Gobierno, en abrir múltiples frentes de trabajo para parar el aumento de la violencia en el país, en especial, en momentos como este donde el conflicto armado arrecia y crece por todos lados.

La experiencia, de más de dos años en Medellín, Buenaventura y Quibdó, debe servir para que no se cometan los mismos errores en Barranquilla. La primera y más importante recomendación es rodear el proceso con la presencia y participación de la sociedad civil. Estos actores deben organizarse y trabajar de manera paralela, simultánea y complementaria para crear espacios en los que logren incidir en el proceso de paz urbana.

Actores de la sociedad civil que, como en Medellín, construyan colectivamente una hoja de ruta, que les permita que, cualquiera sea el presidente o partido político que llegue al gobierno —local, regional o nacional—, se mantenga el trabajo en torno a la construcción de paz en el territorio. Hoja de ruta que debe servir para presionar a los gobiernos a que los reconozcan y les entreguen recursos para poder operar.

Participación de la sociedad que debe servir, también, para que la tregua firmada este 2 de octubre y que irá hasta el 20 de enero de 2026 se cumpla y presente resultados positivos y verificables. El compromiso de las estructuras armadas de no dispararse, ni asesinar, debe tener observadores que de manera objetiva hagan seguimiento y sistematicen la experiencia. De esta manera se verán los aportes de la Paz Total y se podrá luego exigir un segundo acuerdo.

La segunda recomendación es insistir en involucrar más actores al proceso, en este caso a los gobiernos locales y departamental. Si algo ha sido problemático en la experiencia en Medellín ha sido la falta de participación y compromiso del gobierno municipal. El alcalde Federico Gutiérrez, desde la campaña a la alcaldía, adoptó una postura crítica, y esta se ha mantenido hasta la actualidad frente a la política de Paz Total y no ha buscado apoyar este proceso de paz.

Lo mismo pasa con la Gobernación de Antioquia, el gobernador Julián Rendón ha sido tal vez el mayor opositor a los diálogos de paz en el departamento, sabiendo que es el territorio con más actores armados del país. De allí que cada vez que se habla de Paz Total levanta su voz con ímpetu y desvirtúa cualquier logro con la política. Lo que ha generado dentro de la ciudadanía una opinión desfavorable a las negociaciones de paz.

En Barranquilla, desde el comienzo de los acercamientos con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se está presentando una situación similar. El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, se ha dejado ver desde el inicio como uno de los más críticos de la paz urbana; propone, como pasó en Medellín con su alcalde y gobernador, que las autoridades actúen con mano dura y que en lugar de diálogos con los criminales se invierta en seguridad.

Esta situación podría generar una profundización en la desarticulación entre el Gobierno nacional y los locales. Falta de diálogo entre los gobiernos que provocaría que, finalmente, los avances en la paz urbana, asociados a la inversión social en los territorios, ni llegue ni se sienta. Desaprovechando una vez más la territorialización de la paz y la inversión, que es el componente más importante de la Paz Total.

Esta falta de articulación entre los gobiernos, de peleas políticas por votos, provocaría que un año donde se puede ayudar a un territorio en materia de reducción de la violencia, en sacar a la población de la guerra y en llevar transformaciones a los territorios no se logre por disputas entre políticos. Necesitamos implementar programas sociales para atacar las causas de la violencia y que la pobreza no siga creciendo en Barranquilla.

Finalmente, la última recomendación es meterle más actores al proceso para completar el mapa en torno a la paz urbana. Decirle a los demás grupos armados que hacen presencia en la ciudad, como el Clan del Golfo —recién reconocido Ejército Gaitanista de Colombia —EGC— o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —ACSN— que la construcción de la paz urbana también es con ellos. Y a la comunidad internacional que se vincule rodeando el proceso, pues esta experiencia les será de mucha utilidad en la solución de sus problemas urbanos.

Recordemos que la experiencia internacional ha mostrado la necesidad de acompañar y rodear por parte de todos los actores los procesos de paz. Estos, como ocurre con las políticas públicas, deben estar permeados por actores locales, departamentales, nacionales e internacionales. Debe la sociedad civil estar presente, deben los gobiernos local y departamental vincularse, deben los actores armados ilegales comprometerse y debe la comunidad internacional asociarse. Todos deben trabajar y aportar en construir el bien público y universal de la paz.

• Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://acortar.link/SaDGkX 

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.