La Mesa de Política de Drogas de Medellín —MPDM— es un espacio promovido por actores de la sociedad civil y la academia en torno al llamado problema de drogas en la ciudad. Nació en octubre del 2022 a raíz de la experiencia de la Mesa de Trabajo hacia una Política de Regulación por la Paz, realizada entre el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia —IEP-UdeA— y Elementa DDHH. En ese evento identificamos la importancia de generar espacios de interlocución multiactores sobre las sustancias psicoactivas —SPA— ilegales y legales en el Distrito de Medellín.

Desde entonces, los encuentros promovidos han abordado aspectos como la dinámica urbana de seguridad y el comercio ilícito de drogas, elecciones y propuestas de los candidatos sobre drogas, habitantes de calle, regulación del cannabis, disminución de daños. En ese marco, el 30 de septiembre de 2025 realizamos el evento: «Política de drogas y paz urbana: el papel de los grupos armados ilegales en el fenómeno del uso de SPA». 

Los invitados fueron Jorge Mejía, delegado del Gobierno nacional para el proceso de paz urbana del Valle de Aburrá; Alejandro Sierra, asesor del Gobierno de Colombia para el espacio de conversación socio jurídico y coordinador del equipo de observación de acciones de paz; Laura Ossa Silva, experta en temas de género, paz y derechos humanos; y Juan Esteban Patiño, miembro de la Mesa de Política de drogas de Medellín quien moderó la conversación.

Entre los aspectos de interés estuvo el seguimiento al compromiso de las estructuras armadas de prohibir el expendio y consumo de drogas en instituciones educativas —primaria y bachillerato— en los barrios de su influencia. Este compromiso conlleva distintos aspectos que dificultan su cumplimiento completamente.

Por ejemplo, en algunas instituciones educativas quienes distribuyen las drogas son estudiantes que encuentran en ese tipo de ventas un «emprendimiento» que les permite generar ingresos. En otros casos, algunos estudiantes venden drogas en las instituciones educativas porque ese negocio contribuye a la economía familiar, respuesta que han dado padres de familia a las directivas de los colegios cuando han sido citados porque su hijo está vendiendo drogas.

Igualmente, la proliferación del consumo y producción del «tusi» desborda la capacidad de control de las mismas estructuras ilegales, especialmente porque producir esa droga resulta demasiado fácil de realizar. Además, al parecer las estructuras comprometidas en el diálogo socio jurídico encuentran en el consumo de esta droga un problema serio para mantener los acuerdos de convivencia porque, según ellos, los consumidores de esa droga pierden el control de sus acciones. 

Pero si puede sorprendernos algunos de los factores que obstaculizan el pleno cumplimiento de este compromiso, no deja de causar discusión el cumplimiento efectivo del compromiso en las instituciones educativas. En efecto, en distintos colegios ha cesado la venta de drogas, la orden ha sido acatada, y son los delegados de las mismas estructuras ilegales quienes visitan a las directivas de los colegios para monitorear que así sea.   

Las estructuras ilegales comprometidas con el diálogo socio jurídico mantienen la postura de prohibir la venta de fentanilo y drogas similares porque degradan a los usuarios, especialmente niños y jóvenes. Incluso piensan en que esas drogas podrían ser consumidas por sus propios hijos, nietos y familiares, lo cual consideran una desgracia.

Por lo mismo, proponen que para atender los consumos problemáticos los programas de desintoxicación deberían realizarse en los sectores donde habitan los consumidores porque así podrían estar en un entorno cercano a sus redes de afecto. 

Las mismas estructuras armadas ilegales han señalado que «el negocio de las drogas, aunque redituable desde el punto de vista económico, conlleva unos costos asociados muy altos que como sociedad debemos comprender y resolver». ¿Cuáles son esos costos asociados? «las drogas suponen un enorme problema desde el punto de vista social, de salud pública y al final todo ello trae unos costos enormes para la ciudadanía».

Estas estructuras, como también les pasa a organizaciones político-militares del conflicto colombiano, están atrapadas en una contradicción: no quieren las consecuencias sociales y de salud pública que genera el lucrativo negocio de la venta de drogas ilegales, pero no dejan de producirlas y comercializarlas. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque, según ellos, si dejan de hacerlo otros lo harán. De hecho, ante la consulta sobre la posibilidad de no vender drogas ilegales en la Universidad de Antioquia la respuesta fue que eso era posible siempre y cuando les aseguraran que al retirarse no llegarían otros a copar el negocio. 

Este panorama es resultado de varias décadas de prohibicionismo y guerra contra las drogas. Aun así, distintos actores políticos insisten en profundizar la guerra contra las drogas, como el Gobierno Trump y sus seguidores en estos lares. Mientras tanto las estructuras armadas ilegales en la práctica regulan la producción, comercialización y hasta el consumo en los territorios bajo su influencia. 

Para salir de la contradicción de vender drogas ilegales y quejarse de los costos asociados al negocio es necesario seguir explorando otras perspectivas para abordar el consumo y comercialización de drogas. Profundizar el prohibicionismo y la guerra contra las drogas ha creado y reforzado un orden ilegal.

• Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía.

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