Opinión

Parece un déjà vu. Desde el Centro Democrático se viene posicionando una cruzada electoral feroz y agresiva en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—. Ahora, el centro gravitacional del uribismo en su defenestración de la justicia transicional se concentra en el Sistema Restaurativo que se viene poniendo en marcha en medio de un sinfín de limitaciones y retrasos. La crítica ya no se dirige hacia un modelo teórico, sino a las sanciones restaurativas proferidas por el Tribunal para la Paz contra los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad —tanto de las Farc como de la Fuerza Pública— que implican obras y actividades con contenido reparador y restaurativo en zonas afectadas por el conflicto armado, sanciones calificadas por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia como «ridículas».

No es nada nuevo que desde el uribismo se busque dinamitar la legitimidad de la JEP ad portas de iniciar una coyuntura electoral. En 2017 el entonces candidato presidencial Iván Duque prometió insistentemente que de ganar la Presidencia «reformaría» la JEP. Eso no lo logró, pero a los pocos meses de llegar a la Casa de Nariño sí objetó un proyecto de ley estatutaria esencial para su funcionamiento, con fortuna, esas objeciones no prosperaron y a Duque le tocó, a regañadientes,sancionar la ley. A pesar de ese fracaso los congresistas del Centro Democrático radicaron una serie de proyectos de ley que desnaturalizaban la JEP y hasta llegaron a proponer un referendo derogatorio. Iniciativas que corriendo con la misma suerte de las objeciones de Duque: fracasaron.

Con esa insistencia el uribismo le cumplía y movilizaba a una base electoral radicalizada que convirtió a la JEP en una especie de amenaza existencial. ¿Por qué?, tal vez por el temor a que se conozca la verdad. Porque en nada les importó el sometimiento voluntario de algunos exmilitares de alta graduación; la confesión de crímenes atroces; los espacios de reconocimiento de responsabilidad; la solicitud de perdón de exintegrantes de la Fuerza Pública a las víctimas. Nada de eso les importó. Su único interés se ha concentrado en derogar la JEP.

Para el ciclo electoral del 2022 esa propuesta de derogar la JEP perdió tracción electoral en las huestes de la derecha y el Centro Democrático, en horas bajas tras la impopularidad del Gobierno Duque, se replegó en candidaturas presidenciales que no se concentraron en despotricar contra el Acuerdo de Paz.Primero, apoyaron a Federico Gutiérrez, y luego, a la fuerza, a Rodolfo Hernández. Para bien o para mal, ni la JEP o el Acuerdo de Paz fueron asuntos centrales en esa coyuntura electoral.

De cara al 2026 el uribismo —ya sin cargar con el lastre de un Gobierno fallido— vuelve a echar mano de sus viejas tácticas y para ello han fijado ingentes esfuerzos en erosionar la legitimidad de la JEP. Su cruzada electoral ahora se concentra en las sanciones restaurativas recientemente conocidas tras la resolución —total y parcial— de los casos sobre secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

Y la cruzada electoral no solo se ha reducido a cuestionar políticamente el sentido restaurativo de las sanciones, sino que, además, cosechó una victoria internacional luego de que a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas se le restringiera, por presión del embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, la competencia para verificar las sanciones. Rompiendo así un consenso internacional que se había sostenido por cerca de una década en la ONU y metiéndole presión adicional a la JEP, que ya deberá buscar nuevos aliados internacionales para el monitoreo de un régimen sancionatorio excepcional que sí o sí requiere verificación por parte de la comunidad internacional.

La precandidata Paloma Valencia celebró dicha restricción del mandato de la Misión de Verificación en los siguientes términos: «Gracias a Estados Unidos, la misión de verificación de la ONU en Colombia no podrá hacer seguimiento a las ridículas sanciones de la JEP contra las Farc». Para el uribismo es una victoria propia porque movilizaron a sus aliados en los Estados Unidos para presionar por esa restricción específica. El objetivo es claro: deslegitimar la JEP ante la comunidad internacional y así abrirle la puerta a una eventual intervención de la Corte Penal Internacional. ¡Qué barbaridad! 

Previamente a esa decisión del Consejo de Seguridad la senadora Valencia había radicado en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que propone cambios sustanciales en el tratamiento que la JEP otorga a los comparecientes de la Fuerza Pública. Es decir, vuelve y juega con aquella añeja pretensión por desnaturalizar la justicia transicional en el preciso momento en el que viene mostrando resultados y en el cual ya ha proferido sentencias que comprometen tanto a exguerrilleros como a exmilitares. Sin obviar que varios se encuentran en procesos adversariales por su renuencia para aportar verdad y reconocer responsabilidad. ¿Por qué se vuelve a retomar una propuesta que ya ha fracasado y que no tiene el más mínimo asidero jurídico?

Forma parte de la cruzada electoral del uribismo contra la JEP que, a su vez, se integra a una estrategia política de la ultraderecha. Con candidaturas radicales como las de Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella que han vuelto sobre lo ya prometido y no cumplido en 2017: «derogar la JEP». ¿Les volverá a funcionar en esta oportunidad? Ya lo sabremos a su debido momento.

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