Opinión

A menos de un año de finalizar el mandato Petro —2022-2026—, es necesario comenzar a hacer balances sobre los avances, problemas y retos que deja la implementación de la política pública de Paz Total. Un programa con el que el Gobierno nacional ha buscado hacer efectivo el derecho ciudadano y constitucional a la paz.
 
En esta tarea, son más las voces críticas que las que apoyan esta política pública, sobre todo en la parte final del mandato. Señalando, como uno de los mayores problemas, el aumento del número de hombres en armas en el país y la expansión territorial de los grupos armados ilegales. Lo que ha provocado un aumento de la violencia y de las rentas ilícitas asociadas a la producción de drogas.
 
Aunque también hay voces que señalan avances en su implementación. Como el involucramiento de cerca de 30 actores colectivos del conflicto armados en 12 mesas de diálogo y negociación; la firma de varios ceses al fuego, con su respectivo efecto positivo en salvar vidas y no aumentar más las víctimas; y en llevar programas con enfoque territorial a las zonas más olvidadas y afectadas por el conflicto, como lo es el sur del departamento de Nariño.

En este texto quiero dejar planteada la idea de que uno de los mayores logros de la Paz Total fue poner en la mira a las ciudades. La denominada Paz Urbana, comenzó siendo uno de los componentes más débiles y olvidados de esta política de paz, pero con el tiempo se ha convertido en uno de los componentes más importantes y donde se observan mayores avances para mostrar.

La Ley 2272 de 2022 dejó explícito que para poder avanzar en la construcción del bien público de la paz en el país se requería, necesariamente, de involucrar a los actores que operan en el conflicto armado de los centros urbanos. Pues estos territorios han sido históricamente espacios violentos, con presencia de grandes estructuras armadas que se dedican a realizar actividades criminales de alto impacto —EAOCAI—, como la extorsión, el hurto o el desplazamiento forzado intraurbano.
 
De allí que la tarea del Gobierno nacional fue atender esta grave problemática, ofreciendo la opción de abrir Espacios de Diálogo o Mesas Socio-jurídicas en los territorios urbanos —hasta el momento hay tres instalados: en Medellín y el Valle de Aburrá, en Buenaventura y en Quibdó, y se avanza en crear uno cuarto en Barranquilla—. Con ello, se reconoce de facto que en las ciudades también se victimiza a la población a causa del conflicto armado.

Es decir, la Ley de Paz Total dio un paso gigante al reconocer la existencia de un conflicto armado en las ciudades, en identificar a las organizaciones criminales causantes y responsabilizarlas de ejercer violencia en estos territorios, y en ofrecer a los victimarios procesos de sometimiento a la justicia para el desarme, la desmovilización, la reparación y la no repetición.

Para lograr este importante avance, la Paz Total partió por retomar el reconocimiento que en 2011 el Estado colombiano hace de víctimas del conflicto armado. La Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, definió a las víctimas como todas aquellas personas o colectivos que hayan sufrido un daño físico o moral como consecuencia de violaciones de los derechos humanos, en el marco del conflicto armado.

Víctimas del conflicto armado en Colombia que, según el Registro Único de Víctimas —RUV—, llegan a la escandalosa cifra de 9.8 millones. Y a las que el Estado tiene la responsabilidad de atender y avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia, y en entregar reparación y explorar estrategias para no repetir estas violaciones.
 
Víctimas que, hay que decirlo, en su mayoría proceden y viven en el campo colombiano.Pues estamos en un país donde se está acostumbrado a reconocer que el conflicto armado se da con mayor fuerza y crueldad en la ruralidad y, por tanto, son de estos territorios donde proceden las víctimas. Poniendo en el olvido, a las miles de personas que diariamente, ayer y hoy, son sometidas en las ciudades a amenazas, homicidios y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos criminales en las ciudades.

De allí que resalta como uno de los mayores avances de la Paz Total, el reconocimiento del conflicto armado en las ciudades. Esta política, usando como base los desarrollos normativos de la Ley de Víctimas, está ayudando a visibilizar una problemática pública—una que ha estado oculta o a la que se le ha dado la espalda—, además está explorando opciones para superarla.

Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer. Las víctimas del conflicto armado en la ciudades están luchando para que se les reconozca como sujetos con pleno derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para que se les trate de forma similar a las víctimas rurales. Para que también se les ponga en el centro de las negociaciones de la Paz Urbana, como ocurrió en los diálogos de La Habana.

Quieren convertirse en colectivos con capacidad de agencia, para exigir sus derechos tanto al Estado como a los grupos armados que hacen presencia en los espacios urbanos. Pelean para que se les ofrezcan garantías para la participación y asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de derechos. Buscan contribuir a las transformaciones de sus condiciones de vida y a la justicia restaurativa.

Y toda esta dinámica la ha generado, en buena parte, la Paz Total. Una política pública que,por un lado, ha ayudado a reducir la violencia urbana, debido a los pactos de no agresión entre estructuras criminales y los acuerdos bilaterales por períodos de actividades de extorsión y hurtos; y, por el otro, a ampliar el concepto de víctima del conflicto armado,reconociendo que en los espacios urbanos también se victimiza.

• Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 

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