Opinión

La reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de volver a las fumigaciones áreas con glifosato como medida de choque contra los cultivos de hoja de coca generó un terremoto en todo el espectro político cuyas réplicas se siguen sintiendo. De entrada, resulta muy desconcertante que el presidente ponga sobre la mesa el retorno del herbicida cuando su gobierno se la ha jugado —con pobres resultados— en programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. 

El viraje, al menos, desde el plano discursivo, pinta extraño y da entender que Petro no valora de forma positiva los resultados de la política de «oxígeno» y «asfixia» que desde finales de 2023 direcciona la Política Nacional de Drogas. Dicha política de oxígeno para comunidades afectadas y asfixia para el narcotráfico fue diseñada por el Ministerio de Justicia —en 27 espacios territoriales en 16 departamentos— y propuso un cambio de paradigma en el abordaje que históricamente se le ha dado desde el Estado al fenómeno de las drogas.

Con relación a la erradicación manual forzosa la política se trazó una meta inicial conservadora que sí se cumplió, puesto que para finales de 2023 se habían erradicado 20 323 hectáreas de hoja de coca. Pero este éxito de arranque rápidamente se vio empañado luego de la publicación del Informe Mundial de Drogas de UNODC, que concluyó que para 2023 había 253 000 hectáreas de coca en el país, un aumento de 23 000 —9 %— con respecto a 2022.

A lo que se agrega la incapacidad gubernamental para enrutar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito —PNIS— que nació con el Acuerdo de Paz. Y aunque es cierto que el PNIS desde su puesta en marcha tuvo serios problemas tanto de diseño como de planeación, su principal activo social, es decir, la confianza depositada por las comunidades en una propuesta de sustitución que se pensó transformadora desde el Estado no fue aprovechada por el gobierno que se apresuró a «cerrar» un programa considerado problemático e ineficiente. 

Con el agravante de que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos no ha presentado una política estructural que reemplace de fondo el PNIS —acogiendo a las miles de familias víctimas de incumplimiento y a las que se quedaron por fuera—; y tampoco le ha dado luz verde a la propuesta de sustitución gradual o compra de cultivos que el mismo presidente Petro ha prometido ante organizaciones cocaleras de todo el país en varios foros públicos. 

Seguramente ese escenario de letargo institucional combinado con las retenciones de integrantes de la Fuerza Pública por parte de comunidades campesinas —en territorios con alta concentración de cultivos ilícitos y presencia de disidencias de las Farc-EP—llevó al presidente, en una movida contradictoria e inédita, a considerar el retorno de la aspersión área como una solución inmediata. La movida es contradictoria porque choca de frente contra su política de «oxígeno» y «asfixia», e inédita, porque se distancia de la visión de la izquierda  —siempre proclive a la sustitución voluntaria— para acercarse a un reclamo ya tradicional de la derecha. 

Aunque del resorte del presidente no depende si retorna la fumigación área con glifosato, esa decisión le corresponde única y exclusivamente a la Corte Constitucional, que, en 2017, mediante la histórica Sentencia T-080 suspendió dicha práctica hasta que el gobierno cumpla con requisitos como la consulta previa a comunidades afectadas, la obtención de licencias ambientales, y la aplicación del principio de precaución debido a los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 

Durante el gobierno de Iván Duque se diseñó un Plan de Manejo Ambiental —autorizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales— que intentó revertir los efectos de la sentencia T-080 al otorgarle a la Policía Nacional la potestad para reanudar la fumigación aérea; sin embargo, la Corte Constitucional lo tumbó al considerar que no tuvo en cuenta la consulta previa y vulneró el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios afectados. Con relación al retorno de la aspersión aérea la Corte se ha mostrado inflexible con un contundente no. 

Y esa postura con seguridad no cambiará al cierre del actual gobierno. Por eso, considero que el pronunciamiento de Petro es sobre todo un mensaje velado que le envía al gobierno de los Estados Unidos ad-portas de una descertificación; una clara muestra de frustración ante una política de sustitución que avanza a paso de tortuga; y, curiosamente, un reclamo desesperado que coincide con las propuestas de la derecha de cara al 2026. 

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Notas:

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