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El pasado 13 de agosto, la Universidad de Antioquia le concedió el título magister «honoris causa» en Derecho, por sus contribuciones académicas y jurídicas al estudio y la defensa de los derechos humanos. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Durante los años del Estatuto de Seguridad en Colombia, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala —1978-1982—, la familia Andreu Guzmán vivió el acoso de organismos de seguridad  y Federico, uno de sus integrantes, inició el que sería su primer exilio. Lejos de casa, emprendió una carrera académica que lo ha convertido en un referente mundial de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario —DIH—.  

Por su trayectoria profesional de más de cuatro décadas, en las cuales ha trabajado como abogado, docente y perito en casos emblemáticos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tribunales internacionales, así como por el hecho de que su obra ha influido en la doctrina, jurisprudencia y normatividad mundial, el pasado 13 de agosto la Universidad de Antioquia le concedió el título honoris causa de magister  en Derecho. 

En su ejercicio profesional, ha sido profesor invitado en distintas universidades, entre ellas la UdeA. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en organizaciones no gubernamentales como la Comisión Internacional de Juristas, donde fue consejero general, y en otras con alcance global como Amnistía Internacional en calidad de consejero jurídico, y la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la cual fue secretario general adjunto para América Latina. 

También fue miembro de la Misión de la ONU para la Observación de Derechos Humanos en Ruanda, África, e investigador en la misión impulsada por la ONU y la OEA para Haití en los años 90, así como director de la Oficina Internacional para los Derechos Humanos, Acción para Colombia.  

Andreu Guzmán es igualmente reconocido por su producción jurídica, recogida en libros y artículos de revistas especializadas, con contenidos relacionados con la justicia transicional, la aplicación del DIH en conflictos internos y los mecanismos de lucha contra la impunidad, así como por su participación en el debate y la redacción de mecanismos legales mundiales, entre los que se destacan la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los Principios sobre la Administración de Justicia por Tribunales Militares y el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. 

El docente y jurista compartió con el periódico Alma Mater sus apreciaciones sobre algunos de estos temas, así como sus consideraciones sobre los derechos humanos en el país y en el mundo. 
 
¿De dónde nace su interés por trabajar específicamente en el área de derechos humanos? 

Cuando terminé el bachillerato jamás pensé en estudiar Derecho. Me atraían las ciencias exactas y la biología, incluso comencé a estudiar Química en la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, la vida cambió cuando, a finales de los años 70, dos primos míos fueron desaparecidos y luego reaparecieron tras semanas de tortura. Eso desencadenó  una ola de represión contra mi familia, en particular contra mi madre y contra mí. La persecución incluyó allanamientos a nuestra casa, vigilancia y hostigamientos que nos obligaron finalmente a exiliarnos. Durante tres años estuve fuera del país. A mi regreso, retomé el estudio de Derecho —hice el primer año en Francia— en la Universidad Externado de Colombia y me vinculé al Comité de Solidaridad con Presos Políticos y a la Oficina de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación Popular —Cinep—, donde empecé a investigar asesinatos de indigentes, prostitutas y pequeños ladrones en Cali. Fue así como entendí que mi camino estaría en la defensa de los derechos humanos. 
 
¿Cómo fue el camino que lo llevó a convertirse en un referente internacional en derechos humanos? 

Como estudiante de Derecho, me involucré en la defensa de presos políticos y de conciencia, y en la denuncia de violaciones de derechos humanos. Luego me vinculé con figuras como Eduardo Umaña Mendoza, con quien trabajé estrechamente, y el padre Javier Giraldo. Con ellos participamos en la organización de La Liga por los Derechos de los Pueblos, que hacía parte de una red internacional. Realizamos investigaciones que se publicaron en tres tomos bajo el título Los caminos de la niebla, sobre desapariciones forzadas, masacres y ejecuciones extrajudiciales, mostrando cómo operaba la impunidad a partir de expedientes y testimonios. Y en 1987, con Gustavo Gallón, fundamos la Comisión Colombiana de Juristas, que sigue siendo un referente en la defensa de los derechos humanos.  

Posteriormente, trabajé en el exterior con Amnistía Internacional y con la Comisión Internacional de Juristas, donde asumí el reto de producir documentos jurídicos, manuales para litigantes y jueces, estudios comparativos y peritajes en tribunales nacionales e internacionales. Es decir, pasé a la construcción de doctrina y pensamiento jurídico sobre derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.  


La obra académica de Federico Andreu Guzmán ha sido traducida a varios idiomas y en ella profundiza en temas como el acceso a la justicia, la memoria histórica, la responsabilidad del Estado y los crímenes de lesa humanidad.Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
 
Usted estuvo en la discusión y redacción de normas internacionales. ¿Qué destaca de esas experiencias? 

Desde 1991 participé en procesos de redacción de tratados internacionales. Uno de los primeros fue la Declaración de Principios sobre la Lucha contra la Impunidad, adoptada por Naciones Unidas, que sigue siendo un referente en justicia transicional. Trabajé junto al experto de la ONU Louis Joinet en su elaboración. Posteriormente participé en la creación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en 2005. Fue un proceso largo, con intensas negociaciones entre 2000 y 2005, en el que muchos Estados latinoamericanos apoyaron, pero otros intentaron debilitar el tratado. Finalmente, el instrumento se adoptó y Colombia lo ratificó años después. 

También colaboré en la actualización del Protocolo de Minnesota, sobre la investigación de ejecuciones extrajudiciales, y en la redacción de directrices de la ONU sobre el derecho a la reparación y a un recurso efectivo por violaciones graves. De igual manera participé en la declaración de la ONU sobre desapariciones forzadas de 1992 y en el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos esos procesos me permitieron ver cómo se construye el derecho internacional a partir de debates y consensos, pero también cómo su cumplimiento depende de la voluntad política de los Estados. 
 
A pesar de estos avances, muchos Estados firman tratados de derechos humanos, pero no los cumplen. ¿Cómo enfrentar esa frustración? 

Siempre les digo a mis estudiantes que los derechos humanos son una lucha de largo aliento. Los resultados rara vez se ven de inmediato. El caso de doña Fabiola Lalinde es ilustrativo: tras décadas de lucha contra la impunidad en la desaparición de su hijo, logró avances importantes en el sistema interamericano, aunque falleció antes de ver la sentencia final. Ese es el destino de muchas víctimas y familiares, que mueren sin ver justicia plena. Algo parecido ocurre con la justicia transicional y Colombia no es la excepción: mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— han mostrado avances limitados y riesgos de impunidad. En la actualidad hay más de 60 decisiones de la JEP en las que se renunció a la persecución penal contra responsables de «falsos positivos», bajo el argumento de que esas personas aportaron a la verdad, pero eso contraviene el derecho internacional, que establece la obligación de juzgar y sancionar violaciones graves, con las penas alternativas, lo cual no se hizo en estos casos. 

Pese a todo, el sistema internacional sigue siendo una herramienta de presión. Cuando un caso llega a la Comisión o a la Corte Interamericana de DD. HH. o al Comité de Derechos Humanos, la Fiscalía y los jueces en Colombia se sienten obligados a actuar. Es triste que tenga que ser así, pero demuestra que los instrumentos internacionales siguen siendo indispensables. 
 
La justicia penal militar ha sido muy cuestionada en América Latina ¿Ha habido cambios en años recientes en este sistema judicial? 

En este campo se han dado avances significativos gracias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa Corte ha establecido que los militares y policías responsables de violaciones graves contra civiles no pueden ser juzgados por la jurisdicción penal militar. En Argentina, por ejemplo, se eliminó esa jurisdicción en tiempos de paz, y solo puede operar en caso de guerra internacional. Otros países, como Perú, Chile y México, han introducido reformas para limitarla. En cambio, en contextos autoritarios como Venezuela o Nicaragua se mantienen prácticas que garantizan la impunidad. 

En Colombia, aunque se han dado pasos importantes, el mayor obstáculo sigue siendo la Fiscalía. Muchas investigaciones se frenan cuando empiezan a mostrar responsabilidades más arriba en la cadena de mando o cuando tocan intereses de poder. Esa falta de voluntad de investigar es uno de los factores más graves de impunidad en el país. 
 
Como profesor, ¿qué mensaje transmite a sus estudiantes frente a los retos y frustraciones en la defensa de los derechos humanos? 

Les insisto en que la defensa de los derechos humanos es una lucha de largo plazo. Es normal sentir frustración y pesimismo cuando los procesos se dilatan o se cierran injustificadamente, pero lo importante es no rendirse. Si la justicia nacional no responde, hay que agotar todos los recursos, incluidas las acciones de tutela, y si aún así no hay resultados, acudir a instancias internacionales. Esa es la manera de mantener la presión. 

También les enseño que el ejercicio profesional debe combinar la práctica con la reflexión. Que cada caso aporta a la construcción de doctrina, y que el derecho internacional está vivo porque se alimenta de esas luchas. Lo que parece lento o ineficaz hoy, puede convertirse en un precedente fundamental mañana. Por eso, les digo siempre: no bajen la guardia, no se rindan. La lucha es larga, pero los frutos llegan, aunque tarden más de lo que quisiéramos.