Sociedad

Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA.

El momento parece ser el más esperanzador de al menos dos décadas de insistencia de las instituciones de educación superior públicas del país, entre ellas, por supuesto, la UdeA. Profesores, estudiantes, directivos universitarios, líderes políticos y de opinión, en múltiples medios —asambleas, reuniones del sector, debates legislativos, movilizaciones masivas, en calles y paredes—, han advertido que la fórmula del financiamiento estatal para las universidades públicas colombianas constituye un saldo rojo constante y en crecimiento. 

Los oídos en el legislativo parecen escuchar de nuevo. La esperanza renació el pasado 24 de septiembre del 2025 cuando la plenaria del Senado de la República aprobó, en segundo debate, el proyecto con el que se busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la médula de la financiación estatal de las IES. La «pelota» está ahora del lado de la Cámara de Representantes, donde el proyecto espera dos debates tanto en comisión como en la plenaria. En tanto, la expectativa de las universidades sigue latente, como latentes siguen las «duras y las maduras» que deben enfrentar para garantizar su funcionamiento. 

La coyuntura financiera de la Universidad de Antioquia —la más aguda y mediática en los últimos años, pero no la única— resulta ilustrativa del porqué, con esta esperanza, los dados están girando sobre la mesa. En este informe se ofrece una disección detallada de las cifras y datos que muestran la trascendencia de los recursos que por los artículos 86 y 87 le llegan a la Universidad para su funcionamiento, y cómo estos, que constituyen «el bolsillo» más importante para que la institución sostenga su quehacer misional, se articulan con otros ingresos. 

Recursos recibidos del Gobierno nacional 

Entre los años 2019 y 2024, la Universidad de Antioquia recibió un poco más de 2.8 billones de pesos del Gobierno nacional, discriminados así: 2.7 billones como parte de las transferencias de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, recursos destinados al funcionamiento; 120 645 millones para inversión, saneamiento de pasivos, fomento a la calidad, ampliación de la cobertura en municipios apartados y bienestar universitario, aportes que tienen destinación específica; y 84 911 millones para cubrir los gastos de la gratuidad y el descuento por votaciones, dineros que se giran para compensar lo que la Universidad deja de recibir por pagos directos de los estudiantes y sus familias.

La mirada desagregada de las cifras evidencia la relevancia de los recursos adicionales entregados en los últimos años por el Gobierno nacional, al tiempo que permite diferenciar lo que realmente está orientado a fortalecer el funcionamiento de la Universidad, frente a aquellos recursos que tienen destinación específica, demandan contraprestaciones directas de la institución —como la ampliación de cobertura— o compensan lo que ya se recibía directamente por la venta de servicios educativos.

Efectivamente, las transferencias relacionadas con el artículo 86 incrementaron en 64.08 % entre 2019 y 2024, como parte del compromiso de entregar recursos adicionales a las universidades públicas y luego de las movilizaciones sociales del 2018. En el periodo analizado el Ejecutivo entregó a la Alma Máter recursos adicionales por 88 814 millones que al indexarse en la base presupuestal ascendieron a 305 804 millones, dijo Milena Ochoa Galeano, jefa de la División de Gestión Financiera de la UdeA.

Además, también giró dineros por concepto de saneamiento de pasivos, planes de fomento a la calidad, planes integrales de cobertura y excedentes de cooperativas. Recursos que deben ser destinados exclusivamente a programas o inversiones que no alivian significativamente las cargas de funcionamiento de la Universidad, explicó Ochoa Galeano.

«Estos recursos han sido de gran importancia para atender los compromisos institucionales de docencia, investigación, extensión y bienestar estudiantil, favoreciendo la sostenibilidad financiera de la Alma Máter, no obstante, se tornan insuficientes para dar respuesta al crecimiento y ampliación de cobertura que ha tenido la institución en los últimos 30 años», explicó la jefa de Gestión Financiera.

El análisis en el Sistema Universitario Estatal

Un estudio elaborado y debatido en junio pasado por los vicerrectores administrativos de las 34 universidades públicas de Colombia que hacen parte del Sistema Universitario Estatal —SUE—, reconoce el incremento en la asignación de recursos por parte del Gobierno nacional para la educación superior pública entre 2019 y 2025. Con tales recursos, resalta el informe, se busca reducir el déficit estructural, ampliar la cobertura estudiantil y financiar programas de bienestar y formalización laboral.

Así lo expresó el Consejo de Rectores del SUE, instancia que resaltó «la apuesta del Gobierno de asignación de recursos adicionales a las Universidades y demás IES Públicas, que colocan (sic) freno temporal al déficit estructural».

No obstante, el estudio señaló que la política de financiación del Gobierno nacional no es suficiente para cubrir las necesidades estructurales de las universidades públicas, en especial en las más grandes del país. El informe, precisamente, puso como ejemplo, entre otros, los casos de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia —Unal— y de la Universidad de Antioquia.

Para 2025, se proyecta que la Unal recibirá un 22.6 % de las transferencias que se hacen por lo que ordena la Ley 30 de 1992 —ley de educación superior— y la UdeA un 10 %. Al desglosar el porcentaje adicional sobre la base presupuestal de 2024, se encontró que este es de 4.5 % para la Nacional y de 6.2 % para la de Antioquia, lo cual representa un incremento real de la base presupuestal de -0.5 %, es decir, negativo para la mayor universidad pública del país, y de apenas el 1.2 % para la UdeA, la segunda universidad pública del país y la primera de Antioquia.

Otro aspecto destacado en el documento del SUE fue el déficit estructural. Si bien existía la promesa del Gobierno nacional de cinco (5) puntos adicionales por encima del IPC anual, en el caso de la Universidad de Antioquia solo se dio en un año. Además, en 2025 lo redujo a tres puntos, con el fin de destinar el equivalente de los otros dos puntos a otras metas como cobertura, bienestar y formalización laboral.

Lo anterior, señaló el estudio del SUE, genera preocupación porque las universidades mantienen gastos estructurales crecientes —como los incluidos en el Decreto 1279 de 2002, que establece el régimen salarial y prestacional de los docentes, y aumentos salariales para los demás empleados—, pero con menos recursos para cubrirlos.

Respecto a los recursos de gratuidad, los rectores y vicerrectores administrativos recordaron que estos no representan ingresos adicionales para las IES, pues solo se trata de un cambio de recursos, toda vez que lo que antes pagaban los mismos estudiantes o sus familias, ahora lo hace el Gobierno nacional.

En el mismo informe, los rectores instaron al Gobierno Nacional a trabajar con el Congreso de la República para impulsar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 —proyecto finalmente presentado por el MEN y aprobado en Senado en septiembre pasado—, para garantizar mayores recursos y, con ello, permanentes para las IES públicas, los cuales les permitan cubrir no solo sus gastos de funcionamiento, sino también aumentar la cobertura y los programas de bienestar en todo el territorio nacional.

Para 2025 la Unal recibirá un 22.6 % de las transferencias que se hacen por lo que ordena la Ley 30 de 1992 —ley de educación superior—, la UdeA un 10 %, la del Valle un 7.5 % y la UIS un 4,2 %. Al desglosar el porcentaje adicional sobre la base presupuestal de 2024, el documento del SUE mostró que este es de 4.5 % para la Nacional, de 6.2 % para la de Antioquia, de 7.3 % para la del Valle y de 8.9 % para la de Santander. Más en detalle, el informe del SUE destacó que el incremento real de la base presupuestal de 2024 respecto al presupuesto de este año es de -0,5 %, es decir, negativo para la mayor universidad pública del país, la Unal; de 1.2 % para la UdeA, la segunda universidad pública del país y la primera de Antioquia; de 2.3 % para la del Valle y de 3.9 % para la UIS.

El análisis desde la UdeA

El vicerrector administrativo de la UdeA, Francisco Vargas Bonilla, recordó que las movilizaciones estudiantiles de 2018 estuvieron motivadas por la difícil situación financiera de las instituciones de educación superior del país, generada «por la Ley 30, un modelo de financiamiento desactualizado que no permite cubrir todo lo necesario para el funcionamiento de las universidades públicas».

Entre 1992 —cuando se expidió la Ley 30— y 2007, las universidades públicas tenían la posibilidad de destinar parte de sus ingresos propios, denominados recursos especiales y que son resultado de la venta de bienes y servicios, para cubrir el faltante que se generaba cada año.

«El asunto es que como esta es una brecha estructural, año a año la diferencia va creciendo y se va acumulando, llega un momento en que las universidades públicas ya no son capaces de generar los excedentes necesarios en recursos especiales para cubrir el hueco de los fondos general, algo que empezó a ser evidente en 2007. Y empieza a ser necesario recurrir al uso de los portafolios de inversión y créditos de tesorería para cerrar cada año», aseguró Vargas Bonilla. 

En 2019 —agregó el directivo— el Gobierno nacional reconoció que el Índice de Precios al Consumidor —IPC— que es el factor de corrección de los recursos estipulado en la Ley 30, no era suficiente para cubrir todos los gastos de las universidades públicas, con base en lo cual el SUE planteó que se debían entregar cinco puntos adicionales al IPC para cerrar la brecha en el presupuesto para la educación superior pública.

A partir de ese año el gobierno de Iván Duque empezó a entregar recursos adicionales para el cierre de brecha en el sistema de educación superior pública, que según el estudio analizado en el SUE se hicieron de la siguiente manera: 3.5 % en 2019, 4 % en 2020, 4.5 % en 2021 y 4.65 % en 2022.

Con el gobierno de Gustavo Petro, empezó a aplicarse un nuevo esquema para el cierre de brechas: se anunció un incremento de 5 % adicional en 2023 y 2024,y de 3 % en 2025, con la variante de que las cuatro universidades públicas más grandes del país —Nacional, Antioquia, UIS y Valle— empezaron a recibir menos dinero por este concepto, para destinarlo a las IES más pequeñas.

«Estamos de acuerdo con que hay que darles más recursos a las universidades más pequeñas, pero sin quitarles a las grandes, más bien, se deben buscar recursos adicionales», enfatizó el vicerrector administrativo, quien puso como ejemplo que, aunque el año pasado el sistema en general recibió 5 %, a la UdeA apenas llegó un 2.8 % adicional.

«Al sistema de educación superior pública en general le han dado más dinero en este Gobierno, tanto en cifras totales como en porcentuales, eso es una verdad de a puño», reconoció el vicerrector administrativo de la UdeA, quien agregó que, pese a ello, se dificulta la disminución del déficit para algunas IES.

Esto se presenta porque, aunque ingresan otros dineros, estos no se entregan bajo el concepto de cierre de brechas, sino que se hacen por conceptos como los Planes Integrales de Cobertura —PIC—, para los que se destinó un 2.0 % en 2023; 3.30 en 2024, y 3.90 % en 2025, y otras adiciones para bienestar y formalización laboral, que, como su denominación lo indica, solo se pueden destinar para cubrir esos rubros.

Por todo lo anterior, las universidades públicas esperan que el Congreso de la República apruebe la reforma para destrabar el sistema y alcanzar soluciones de fondo a la coyuntura. Precisamente, el pasado 10 de noviembre el Consejo Nacional de Rectores del SUE, en una declaración conjunta desde la Universidad de Nariño, hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que tramite la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

«Se busca que la iniciativa permita al conjunto de universidades públicas del país contar con un modelo de sostenibilidad financiera que garantice su proyección, fortalecimiento, ampliación de cobertura y regionalización; es decir, que la universidad pública continúe masificándose y democratizándose, llegando a la geografía y a la periferia etnográfica del país». Además, los rectores enfatizaron en la necesidad de avanzar con este proyecto antes de que termine la legislatura de 2025.

Adicionalmente, el 11 de noviembre, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, manifestó en su cuenta de X que fue «radicada la ponencia del proyecto de ley de acuerdo nacional por la financiación de las universidades públicas en la Comisión 6ta de Cámara», y expresó su expectativa de que el trámite legislativo avance de manera positiva para que pueda convertirse en Ley de la República.