Opinión

Inquietud, incertidumbre, melancolía, y no sé qué más, me genera el proyecto de reforma tributaria, presentado al Congreso en octubre de 2016. Y lo expreso, básicamente, por el fondo del proyecto o, como diríamos en términos legales, por la exposición de motivos. Nos presenta el ejecutivo un proyecto de reforma estructural, que de estructural solo tiene el nombre.

Una reforma estructural, en cualquier sector, y más en el tema tributario, requiere la participación efectiva de las partes, es decir, el ejecutivo y la contraparte, formada por Congreso, gremios, académicos, sindicatos y representantes de otros sectores, para que entre todos se llegue a propuestas razonables, discutidas, analizadas.

Uno de los mayores problemas para lograr ese propósito es el tiempo y la oportunidad, pues el trámite legislativo, y específicamente en materia tributaria, incluye ponencia, comisión económica, de Cámara y Senado, y plenaria de Cámara y Senado, para dar cumplimiento a la formalidad exigida por la Constitución.

¿Cómo y a qué horas se discutirá, con todas las de la ley, un proyecto de 311 artículos, presentado por el Gobierno como reforma tributaria? ¿Dónde quedará la participación de la contraparte, sus recomendaciones, sugerencias, alternativas?

Cuadrar caja

Esta reforma está dirigida a cubrir un déficit fiscal, que oscila entre los 20 y 25 billones, para poder mostrar solidez y fortalecimiento financiero a las organizaciones mundiales como la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos —Ocde—, el Fondo Monetario Internacional —FMI—, el Banco Mundial —BM—, y las aseguradoras, que darán un buen parte a la comunidad internacional de ese país suramericano llamado Colombia.

Por eso, la reforma está enfocada al problema de caja, descociendo el clamor nacional, aún de la comisión por el mismo gobierno escogida, que le sugiere una reforma estructural. La comisión le entregó al gobierno sus recomendaciones desde diciembre de 2015 y apenas ahora, en octubre de 2016, se da a conocer al Congreso y a la opinión pública.

El incremento del IVA, al pasar del 16% al 19 %, como tarifa general, castigará en gran medida el consumo de las clases media y baja, porque hay bienes y artículos con este gravamen que no son de opción, sino que hay que consumirlos sí o sí.

Para los de mayores ingresos es seguro que el valor del IVA pasa inadvertido por la suficiente capacidad de pago que tienen; en cambio, para las personas con menor capacidad de pago, cualquier incremento porcentual afectará el precio del bien o servicio. Es decir, el IVA afecta de manera directa el consumo y la calidad de vida del colombiano de menores ingresos.

Y que no nos vengan con el cuento de que no se afecta la canasta familiar, pues hay un sin número de bienes que quedan gravados.
Y en cuanto al impuesto a la renta, la reforma es muy dura con la clase trabajadora, ya que hoy deben declarar renta quienes ganen $3.471.000, mientras que en 2018 serán quienes ganen $2.683.000; es decir, se reduce el umbral para declarar, y se limita el número y el valor de las deducciones, pues deducciones reales como intereses por vivienda, salud prepagada, dependientes económicos, serán tema del pasado, incidiendo desfavorablemente en la liquidación de la renta líquida gravable.

Considera el gobierno que con el descuento de los aportes obligatorios a la seguridad social, más un 35 % como renta exenta, incluido ya el 25% de renta exenta laboral, el asalariado cubre sus gastos personales y familiares, desconociendo la realidad económica de nuestro entorno y la incidencia de lo que el Estado mismo está creando con la tarifa del 19 % en el IVA.

Se eliminan el IMAN y el IMAS, que en buena medida beneficiaban a los asalariados de clase media y media baja, dejando como única opción de depuración de la renta el sistema ordinario, con las consecuencias económicas que esto representa para este sector de la población.

También es preocupante, aunque el proyecto no lo plasma de manera directa, lo que tiene que ver con los profesores de las universidades públicas, ya que hasta ahora hemos tenido como renta exenta hasta el 50% del salario, y se lo considerada gastos de representación, y adicionalmente podemos imputar la pensión obligatoria y las voluntarias, siempre que, con la suma de los aportes AFC, no superen el 30 % del ingreso laboral.

¿Cuál será el impacto para los profesores de las universidades públicas, en cuanto al beneficio de las rentas exentas, si el gobierno está poniendo en la reforma tributaria como límite de las mismas el 35 % del salario?

Y quedan más inquietudes:

¿Qué ha hecho el gobierno para recuperar los dineros dilapidados en este sistema de corrupción aberrante que afecta nuestra economía? ¿Qué otros mecanismos, que no sean impuestos, pueden cubrir el faltante de liquidez, afectado por la caída de los precios del petróleo? Y vuelve el tema de tanta discusión: privatizar empresas que han sido rentables en el país, ¿si ha cumplido con su objetivo? ¿Por qué se elimina el impuesto a la riqueza, si de verdad este impuesto sólo lo cancelan los que tiene patrimonio, los que tienen riqueza? ¿Cómo ha incentivado el gobierno la capacitación de los profesionales, en conocimiento y tecnología, para que podamos generar renta?

Con la reforma se le está dando un apoyo directo a las transnacionales, por mandato de organismos como la Ocde, y se le traslada toda la carga tributaria a la clase media y media baja, con las implicaciones que esto conlleva.

Nota

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